La UE blinda sus fronteras con sistemas de reconocimiento facial solo para no comunitarios

La Unión Europea ultima la implantación de sistemas de reconocimiento facial en todas sus fronteras. Se usarán para recopilar los datos biométricos de los llamados ciudadanos de terceros países (los de fuera del espacio Schengen), a quienes hasta ahora solo se les tomaban las huellas dactilares, y contrastarlos en tiempo real con las listas de personas señaladas, tanto por las autoridades locales como por las comunitarias. La información quedará almacenada en una gran base de datos que gestionará la Comisión Europea y a la que podrán acceder los Estados miembros. La aplicación de esta tecnología en las fronteras, que la UE quiere tener operativa antes de acabar el año, ha suscitado quejas entre activistas, políticos y tecnólogos, al considerar que puede discriminar y criminalizar a los inmigrantes irregulares.

Los sistemas de reconocimiento facial permiten identificar a las personas de forma inequívoca a partir de una imagen de su cara. Cada rostro humano tiene una disposición particular de los rasgos faciales, que no varía con el envejecimiento; con ayuda de algoritmos de inteligencia artificial es posible sacar un patrón específico, una especie de identificador único, y detectarlo en fotografías o vídeos. Es un método de identificación tan fiable como las huellas dactilares. Pero mientras este último sistema exige de la colaboración del sujeto, que debe colocar sus dedos en un lector, el reconocimiento facial solo necesita alimentarse de imágenes digitalizadas. Por ejemplo, el metraje de una cámara de vigilancia callejera.

El uso sistemático de esta tecnología se contempla en el Sistema de Entradas y Salidas (Entry/Exit System, EES), un proyecto de la UE aprobado en 2017 y dotado de un presupuesto de unos 650 millones de euros. Su objetivo es automatizar y digitalizar el registro de datos biométricos de ciudadanos de terceros países cuando entren o salgan por las fronteras comunitarias. El EES no se aplica a los ciudadanos europeos, de quienes Bruselas no almacena sus datos sobre sus rostros, pero sí lo hará con quienes vengan de fuera de los 27.

Hasta ahora, el reconocimiento facial solo se utilizaba en Europa en investigaciones criminales, principalmente de terrorismo. El proyecto de Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que previsiblemente entrará en vigor el año que viene, cataloga el reconocimiento facial como una “tecnología de alto riesgo”, lo que comporta que solo se use con “fines de prevención, detención o investigación de crímenes graves o terrorismo”. La letra pequeña del articulado, no obstante, permite que se use en las fronteras.

Las cautelas de la UE con el reconocimiento facial responden a que se considera una tecnología de vigilancia de masas (se puede identificar a personas sin su consentimiento) y a que, lejos de ser perfectos, los algoritmos fallan. Diversos estudios acreditan que la precisión de estos sistemas decae si se emplean con colectivos que no sean hombres caucásicos: fallan más con mujeres, jóvenes y personas racializadas. En EE UU, el caso de Robert Williams, una persona negra que fue detenida al confundirla por otra el algoritmo, provocó un movimiento que está logrando que los departamentos de policía de muchas ciudades del país dejen de recurrir a esta tecnología.

Por qué recopilar más datos biométricos

Los argumentos de Bruselas son claros: el Sistema de Entradas y Salidas hará que el tránsito de visitantes sea más eficiente. “Cada Estado miembro es responsable de poner en marcha su propia plataforma de recogida y procesamiento de estos datos biométricos, así como de proveer medidas de seguridad adecuadas para estos”, señala una portavoz de la Comisión Europea. Las mismas fuentes indican que esos datos, que se alojarán físicamente en la capital belga (en servidores de eu-LISA), se deben almacenar solo durante el tiempo que sean necesarios, aunque no matizan si se habla de meses, años o décadas.

Uno de los organismos que deberán vigilar que no se cometan excesos en el manejo de datos tan sensibles como estos es el Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS, por sus siglas inglesas), una oficina independiente de la UE que ha sido muy crítica con el proyecto. Ya en 2015 mostró sus reservas al respecto, que confirmó el año pasado al solicitar la prohibición sin excepciones del reconocimiento facial en espacios públicos. Según ha podido saber EL PAÍS, la postura del Supervisor no ha variado desde entonces.

Uso discriminatorio

El temor de los críticos con el proyecto de las fronteras digitales (EES) es que se perjudique a un colectivo, el de los inmigrantes irregulares, ya vulnerable de por sí. Porque los sistemas de reconocimiento facial también se aplicarán a quienes lleguen a Europa en patera. “La discriminación que plantea el uso de esta tecnología en las fronteras tiene dos vertientes”, sostiene Ana Valdivia, doctora en computación e inteligencia artificial e investigadora postdoctoral del King’s College de Londres. ”La primera es la técnica: el algoritmo puede equivocarse, identificar mal. Estas herramientas tienen sesgos, no trabajan igual con todos los colores de piel, géneros y edades. Hay muy pocos datos digitales de menores, por ejemplo, por eso fallan tanto con ellos”, ilustra.

“La segunda perspectiva es política: cómo se usa la tecnología”, prosigue Valdivia, que ha estudiado en profundidad la aplicación de la inteligencia artificial en las fronteras. Ella fue una de las impulsoras de una carta abierta dirigida en enero al Gobierno, y firmada por medio centenar de expertos y asociaciones, en la que se le solicitaban mecanismos de control que revisen los procedimientos algorítmicos, de manera que un fallo de la herramienta no pueda dejar a alguien si visado, o la incorporación de observadores de derechos humanos en las fronteras, entre otras.

“Las sombras de este proyecto están en la criminalización de las migraciones”, opina por su parte Ismael Cortés, diputado de Unidas Podemos. Cortés defendió en marzo, en la Comisión de Interior del Congreso, una Proposición No de Ley (PNL) sobre recopilación de datos biométricos en frontera, en la que se instó al Gobierno a garantizar que “las tecnologías de inteligencia artificial destinadas al reconocimiento facial en frontera” no generen “sesgos discriminatorios” ni “entrañen un riesgo para el ejercicio de las libertades civiles y políticas”. La PNL, impulsada con la intención de abrir este debate, se aprobó con apoyo del PSOE, la otra parte del Gobierno español.

“La UE va a meter en el mismo saco a dos tipos de sujetos: quienes hasta ahora eran objeto de la recopilación de datos biométricos, es decir, los sospechosos de terrorismo o crimen organizado, y aquellas con situación de residencia irregular en un país del espacio Schengen”, critica el diputado de En Comú Podem. Por eso es clave saber si se mezclarán las bases de datos y qué medidas se van a tomar para detectar falsos positivos (cuando el algoritmo falla y relaciona al recién llegado a Europa con alguno de los presuntos criminales ya registrados).

El simple hecho de almacenar información tan sensible como los datos faciales, recuerda Valdivia, siempre implica riesgos: puede robarse o caer en malas manos. En Afganistán, cuando los talibanes recuperaron el control del país, recurrieron a bases de datos con los iris, rasgos faciales y huellas dactilares de antiguos colaboradores del régimen que derrocaron para perseguirlos, según reportaron varios medios. “Imagina que Hungría decide usar su base de datos para identificar quién es homosexual y quién no”, desliza la investigadora.

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