Un tribunal de Lima condenó a cadena perpetua, por vez primera en la historia de Perú, a un hombre por el delito de feminicidio en agravio de su expareja, en una sentencia considerada un hito en un país donde cada dos o tres días es asesinada una mujer por su género.
El crimen ocurrió el 28 de noviembre de 2018 en el distrito limeño de Chorrillos, cuando Jean Piero Castro Gouveia, de 37 años y de nacionalidad venezolana, degolló a su expareja, la peruana Andrea Mercedes Rivera Sánchez, de 25 años, mientras dormía en su habitación, acompañada de sus hijos de 7 y 1 año.
La violencia ejercida contra esos niños, que tuvieron que ver a su madre debatirse entre la vida y la muerte mientras su agresor también intentaba quitarse la vida consumiendo veneno, fue precisamente el agravante que llevó a la Fiscalía y a la defensa de la víctima a solicitar la condena a cadena perpetua.
La abogada del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) Paola Onofre explicó este jueves a Efe que en Perú está vigente, desde julio de 2018, una modificación del Código Penal que contempla agravantes al dictar las penas por violencia machista y violencia contra niños y adolescentes.
«Sabíamos que lo que correspondía era cadena perpetua por cómo se dieron los hechos y las agravantes que hubo, como que la comisión de los hechos se dio frente a los dos hijos de la víctima», señaló Onofre, quien asumió en representación del MIMP la defensa de los deudos de la víctima en agosto último, cuando quedaban pocos días para que expire la prisión preventiva de nueve meses dictada contra el acusado.
«Conseguimos que se amplíe la prisión preventiva en cinco meses más, y continuamos en ella hasta conseguir la sentencia», agregó la abogada, quien destacó el trabajo articulado de la Fiscalía y el ministerio para también lograr una reparación civil de 172.800 soles (unos 51.000 dólares) en favor de los deudos.
«El MIMP tiene a cargo todos los casos de feminicidio para darle apoyo articulado, mediante el programa ‘Te acompañamos’, para trabajar conjuntamente con las otras instituciones del Estado y brindar los servicios a personas que sufren este tipo de situaciones», aseveró Onofre.
La defensora agregó que este programa asiste también a los deudos de las víctimas, mediante apoyo legal y ayuda psicológica.
«Los niños, la madre y el hermano de la víctima están siendo asesorados psicológicamente para poder continuar con sus vidas. Es un tratamiento completo», agregó Onofre, quien destacó la pena obtenida contra este feminicidio.
«Esta condena deja un mensaje a la sociedad, a las personas, que no deben callar, que deben denunciar, que los hechos de violencia no se pueden naturalizar. Y que el ministerio está para cautelar los derechos», aseguró la abogada.
Si bien la sentencia dictada este miércoles por el colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur aún no ha sido apelada, Onofre aseguró que «de hacerlo, el MIMP continuará comprometido con el tema».
A la fecha, según cifras oficiales, unas 120 mujeres han sido asesinadas este año por motivos de género, mientras que en 2018 la cifra de feminicidios fue de 149.
Fuente: EFE
