La Iglesia católica debe dar mayor transparencia y agilizar los procesos civiles y canónicos por casos de abuso, instó este martes la comisión creada por el papa Francisco para la Protección de los Menores en su primer informe anual.
El documento, que ha analizado un total de veinte países y varias instituciones y congregaciones religiosas, concluye con la necesidad de «promover un mejor acceso de las víctimas » a las informaciones que necesiten para «afrontar el problema de la opacidad».
Asimismo, el texto aboga por «agilizar y acelerar los procesos de dimisión» de responsables eclesiásticos.
El Vaticano ha dado a conocer este martes el primer Informe Anual «sobre las políticas y procedimientos de tutela en la Iglesia» realizado por la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores creada en 2014 por el papa Francisco en su lucha contra la lacra de los abusos, que ha salpicado a la Iglesia en todo el mundo.
Se trata de un documento piloto en el que la Comisión analiza los casos de los países cuyos obispados han acudido en 2023 a Roma en visita ‘ad limina’, el viaje que deben hacer a la Santa Sede cada cinco años, entre estos los de Colombia y México.
Entre las observaciones más destacadas, el informe reconoce «el derecho de cada ciudadano a acceder a cualquier información que le afecte», también en los casos de abuso, y también se apunta la «necesidad» de estudiar políticas de «indemnización» a las víctimas.
Asimismo, se recomienda «consolidar y aclarar» las competencias de cada dicasterio -«ministerio»- de la Curia Romana para «garantizar una gestión eficiente, rápida y rigurosa» de cada posible caso de abuso que llegue a las estancias de la Santa Sede.
El documento admite que para las «víctimas y supervivientes» los «procesos civiles y canónicos pueden ser difíciles, lentos e incluso fuente de una continua victimización» por lo que recomienda agilizarlo porque, subraya, «la justicia no puede darse a costa de mayores traumas».
El informe repasa la legislación puesta en marcha por los últimos tres papas, desde los primeros cambios en el Código de Derecho Canónico de Juan Pablo II en 1983 hasta las últimas medidas de Francisco, como la obligación de denuncia amparada en su ‘motu proprio’ de 2023 ‘Vos estis lux mundi’.
Con ese contexto, además de analizar las luces y sombras de la gestión de los abusos en las iglesias locales del planeta, también se adentra en instituciones importantes del Vaticano.
Por ejemplo señala varios «desafíos» para el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que canaliza los juicios canónicos sobre este tipo de delitos, como «la necesidad de evitar procesos largos».
Asimismo reconoce «la complejidad de la gestión de los casos por su volumen» y subraya «la importancia de recursos adecuados a nivel central y local» para llevarlos a cabo de una forma más eficaz.
Además, exige una mayor transparencia: «La Comisión sabe que el dicasterio comunica en modo principalmente interno los casos con las autoridades eclesiásticas locales (…) Sería útil estudiar conjuntamente cómo dar más transparencia» a eventuales futuras medidas disciplinares.
