Santo Domingo, RD.
Tras dos horas de espera, las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijaron para las 9:00 de la noche la lectura de la sentencia a los implicados en el asesinato del abogado y catedrático Yuniol Ramírez y los actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), durante la gestión de Manuel Rivas.
Faltando cinco minutos para las cuatro de la tarde una empleada del tribunal informó a los fiscales, abogados de los imputados y a la prensa que los jueces seguían deliberando y la decisión se iba a dar a conocer a las 9:00 de la noche.
El tribunal presidido por Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, dispuso la lectura de la sentencia, en primer momento para las 2:00 de la tarde.
En su dictamen, el Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), pidió al tribunal declarar culpable a los imputados y que en consecuencia fueran sentenciados a 30, 20 y cinco años de prisión.
El ministerio público para el acusado Argenis Contreras, señalado como el autor material del secuestro y asesinato del abogado y catedrático universitario Ramírez Ferreras, el Ministerio Público pide la pena máxima de 30 años de prisión.
Mientras que solicita que sean sentenciados a 20 años de prisión los imputados Manuel Rivas, Faustino Rosario Díaz, Víctor Ravelo Campos y José Antonio Mercado Blanco y a cinco años de prisión para los imputados Jorge Luis Abreu, Heidy Carolina Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez, así como la imposición de multas y el decomiso de los bienes obtenidos por los imputados fruto de su actividad delictiva.
El asesinato, cometido en octubre de 2017, está vinculado con los actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte que era dirigida por Rivas desde agosto de 2012.
Luego del hecho, Argenis Contreras huyó hacia Estados Unidos, en donde fue capturado y tres años después entregado al país tras los esfuerzos de la actual gestión del Ministerio Público.
