El exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez intenta este viernes conseguir salir de la cárcel de Najayo-Hombre después de cumplir 15 de los 18 meses que se le impusieron de prisión preventiva por el hasta ahora mayor escándalo de corrupción sometido a la justicia en la actual gestión gubernamental y bautizado como Operación Medusa.
Sus abogados, Carlos Balcácer y Gustavo Biaggi, argumentaron ayer que todos los jueces han coincidido de que se ha mantenido la prisión de Rodríguez por la denuncia del Ministerio Público de que en libertad “haría una intromisión” en la investigación, la cual concluyó, por lo que ya “el presunto riesgo” manifestado por la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), no existe.
Rodríguez ha instado a la Pepca a no oponerse a su pedido de que se le dicta una coerción menos grave y le garantizó que, de ser favorecido, no se sustraerá del proceso que se le sigue por supuestamente haber estafado al Estado con más de 6,000 millones de pesos desde la Procuraduría con sobrevaloración de obras y otras irregularidades, especialmente en su llamado Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.
“Ya es insostenible continuar con las absurdas historias de que Jean Alain Rodríguez Sánchez es responsable de construcciones sin ser ingeniero, de sobrevaluaciones que resultaron inexistentes o que adquirió propiedades con dinero de la Procuraduría”, afirman Balcácer y Biggai en un comunicado de prensa.
El exfuncionario fue detenido el 29 de junio del año pasado y enviado a la cárcel junto a tres de sus principales colaboradores, a excepción de Rafael Stefano Canó Sacco, quien era jefe de Gabinete de la Procuraduría y al que el Ministerio Público no acusó.
Canó Sacco será utilizado como testigo por la Pepca para probar cómo funcionaba la estructura de la red que se atribuye a Jean Alain.
Otros tres en la cárcel y tres en prisión domiciliaria
En Operación Medusa se vincula a 41 personas y 21 empresas, de cuyo grupo, además del exprocurador, guardan prisión el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el director administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo del Ministerio Público.
Los que están en prisión domiciliaria son Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, al igual que la exsubdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, y Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
Al exasesor Miguel José Moya le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Los demás implicados, algunos de los cuales han devuelto más de 800 millones de pesos, no les ha sido impuesta ninguna medida de coerción.
Al exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra se le atribuye borrar, alterar y eliminar “todas las huellas” de los hechos ilícitos cometidos por el entramado. Habría sustraído dispositivos de alta tecnología (drones y bloqueadores de señales) en beneficio de él y el exprocurador.
El director administrativo Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quien formaba parte del Comité de Compras del Ministerio Público, supuestamente manipulaba los procesos de compra de la institución y seleccionaba previamente a los oferentes que resultarían ganadores.
Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo del Ministerio Público, se le señala de formar parte del círculo de confianza de Jean Alain que condicionaba los procesos de compras para favorecer a empresas allegadas a los intereses del exprocurador, y sobrevaluaba los precios para darles un margen que les permitiese a los suplidores obtener un beneficio y entregar a Rafael Antonio Mercedes Marte el monto requerido por Rafael Stefano Canó Sacco.
