La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), calificó de alarmante el gasto millonario en alquileres que ha realizado la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC), los cuales superan al día de hoy la escandalosa suma de más de 2,700 millones de pesos, en detrimento y contrario a la anunciada austeridad del gobierno ante la inminencia de una necesaria y consensuada reforma fiscal.
Máximo Calzado Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Justicia y Transparencia, solicita al a las autoridades intervenir en las instituciones públicas, a los fines detener el gasto de miles y miles de millones de pesos en alquileres, gastos por demás excesivos, irracionales y exagerados, que están realizado algunos funcionarios de las instituciones públicas, invirtiendo millones de pesos del Presupuesto General del Estado.
La entidad cívica alertó a las autoridades que el caso de la OGTIC no es el único, ya que recientemente se informó sobre una licitación de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra hospitalarias (DAEH), para el alquiler de ambulancias, por un monto de RD$1,000 millones de pesos, acciones violatorias a la Constitución en su artículo 238, donde se establecen los principios y criterios de asignación de los recursos públicos.
Calzado Reyes reflexiona y deja como interrogante: si ¿vale la pena continuar con el festival de alquileres en diversas áreas del estado, o si es preferible que el gobierno compre y construya? En esas atenciones, es inexplicable y carece de toda lógica y racionalidad que algunos funcionarios estén invirtiendo millones de pesos en alquileres, todo ello contrario a la eficacia y eficiencia en el manejo de los fondos públicos, que es mandatorio por la constitución.
Finalmente, la FJT en función del derecho de petición que tienen los ciudadanos establecidos en el artículo 22.4, y 75.12 de la Constitución, el cual se establece como un deber fundamental de los ciudadanos “Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”, en cuya virtud reiteramos a las autoridades competentes, para que realicen las investigaciones de rigor, deteniendo en lo inmediato la ejecución de las referidas contrataciones.
