La procuradora general Miriam Germán Brito instruyó a todos los fiscales del país para que, en los casos de agresión a personas con sustancias corrosivas, tales como “ácido del diablo”, otorguen la calificación jurídica de “acto de tortura o barbarie” por ese delito, y solicitar la pena máxima contra los autores.
“Se instruye que, al presentar acusación en los casos de agresión a una persona con sustancia corrosiva, se otorgue la calificación jurídica de acto de tortura o barbarie, tipificado en los artículos del 303 al 304 del Código Penal Dominicano, incluyendo todas las circunstancias agravantes que concurran, según fuera el caso”, así consta la instrucción dirigida a los miembros del Ministerio Público.
El Código Penal Dominicano establece penas desde 10 hasta 30 años de prisión en los casos de tortura o barbarie contra niños o adolescentes, personas vulnerables debido a su edad, a una enfermedad, invalidez, deficiencia o discapacidad física o psíquica, o a un estado de gravidez conocido por el autor del delito.
La instrucción general precisa que los sometimientos sobre los hechos que involucren sustancias corrosivas deben aplicarse sin perjuicio de la inclusión de cualquier otra calificación jurídica que corresponda.
