El gobierno del presidente Donald Trump anunció ayer lunes que permitirá demandas a compañías cubanas que utilizan propiedades confiscadas por el gobierno tras la Revolución de 1959, en un movimiento que simbólicamente endurece el embargo comercial impuesto hace seis décadas.
El anuncio limita las demandas a unas 200 empresas y agencias estatales cubanas que ya son sujetas a sanciones estadounidenses especiales por estar ligadas a las fuerzas armadas y a las agencias de inteligencia de La Habana. La mayoría de las entidades no tienen vínculo alguno con los sistemas legal o financiero de Estados Unidos, por lo cual la capacidad de presentar demandas es prácticamente simbólica.
Además de la pequeña excepción al Título III, el gobierno estadounidense dijo que la suspensión tardará solo 30 días, abriendo la posibilidad de más sanciones en el futuro.
El gobierno cubano condenó la medida, calificándola de una amenaza para la estabilidad mundial.
“Rechazo enérgicamente anuncio del Dpto. de Estado #EEUU de autorizar demandas, bajo Título III de la Ley Helms-Burton, contra lista de compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por el gob. de Trump. Prórroga 30 días en el resto de los casos es inaceptable amenaza vs. el mundo”, escribió en Twitter el canciller cubano Bruno Rodríguez.
Otras empresas, como hoteles, son emprendimientos conjuntos con compañías extranjeras, pero esas compañías extranjeras no serán vulnerables a demandas, dijo un funcionario del Departamento de Estado. Ello implica que lo más probable es que la medida tenga muy escaso impacto real.
Cada mandatario estadounidense desde Bill Clinton ha suspendido una sección de la Ley Helms-Burton de 1996 la cual permitiría entablar tales demandas debido a que atraparía a compañías de países aliados de Washington en años de litigios complicados que podrían provocar denuncias comerciales a nivel internacional contra Estados Unidos.
Entre los principales inversionistas en Cuba se encuentran el gigante británico de la industria del tabaco, Imperial Brands, que opera una empresa conjunta con el gobierno cubano para producir habanos de muy buena calidad; las compañías hoteleras españolas, Iberostar y Meliá, que tienen decenas de hoteles a lo largo y ancho de la isla caribeña y el fabricante de bebidas francés Pernod-Ricard, que hace el ron Havana Club con una destilería estatal cubana.
SIN AFECTAR A LAS EMPRESAS EUROPEAS
“La medida no busca afectar a empresas europeas que están actualmente haciendo negocios con Cuba”, dijo el funcionario del Departamento de Estado, que habló a condición de anonimato. “No se podrá demandar a la parte europea o japonesa en una empresa conjunta”.
Abogados de estadounidenses que han demandado compensación por la confiscación de sus bienes en Cuba dijeron que la decisión del gobierno de Trump de anunciar un levantamiento extremadamente parcial de del Título III de Ley Helms-Burton podría ser ilegal, porque violaría el derecho de sus clientes a presentar demandas. Estados Unidos está presentando la medida como represalia por el apoyo que La Habana le sigue brindado al presidente Nicolás Maduro de Venezuela.
Fuente: AP
