Por Trajano Santana
El gobierno dominicano, a pesar de su gran compromiso con los diversos sectores de la nación, se comprometió a reducir, cuando no eliminar, las inversiones innecesarias.
La realidad es otra, pues a pesar de haber reducido la nómina pública, el gasto corriente se ha incrementado.
Existe una creciente demanda de puestos laborales de parte de seguidores o relacionados del partido de gobierno, mientras que en todas las instituciones del Estado existe una gran cantidad de personas canceladas sin las prestaciones correspondientes, en violación a sus derechos laborales.
El discurso en torno a mejorar la calidad del gasto y frenar el endeudamiento alegre sintonizó con una aspiración nacional, que incluyó a la clase política, a los sectores empresariales, a la sociedad civil, a las organizaciones sociales y gremiales.
Ha sido una práctica recurrente en todos los gobiernos, a lo largo de la vida democrática del país, endeudar irresponsablemente al país, una cómoda y fácil manera de manejar recursos que, en gran medida, no son invertidos correctamente.
El festival de aprobaciones de préstamos en el Congreso Nacional, durante este Gobierno, parece nunca acabar; no tiene precedentes en la historia Republicana.
Nuestros legisladores, con ligeras excepciones, se han convertidos en simples levanta manos y aprueban leyes, resoluciones y contratos sin realizar las investigaciones debidas, sin fundamentos.
Es preocupante que nuestros congresistas hayan aprobado préstamos por más de 13 mil millones de dólares (RD$754 mil millones) en apenas un año de gestión gubernamental.
Esa cifra es alarmante en un país de una economía pequeña, dependiente, con un índice alarmante de pobreza, con gran desigualdad e inequidad social.
Más grave aún, son los altos costos de los productos de consumo masivo, especialmente, los de la canasta familiar.
A eso se agrega la reducción de los ingresos por provenientes de los planes sociales del Gobierno, los cuales están siendo eliminados gradualmente.
Pero, además, existe la amenaza para el próximo año de la llamada reforma fiscal, que el Gobierno intentó hacer de sorpresa, con cargas significativas al Presupuesto Nacional.
El Congreso Nacional se ha convertido en un sello gomígrafo de las iniciativas de endeudamiento del Gobierno del presidente Luis Abinader que, amparado en mecánicas mayorías, actúa sin razonar en las consecuencias de sus actos para los presentes y futuras generaciones del país.
Este órgano de Estado dominicano tiene otras atribuciones, además de ser aprobador de préstamos.
También debe de fiscalizar y controlar los actos del Poder Ejecutivo, como dispone la Constitución de la República en el capítulo III, del artículo 93.
Tenemos hoy más deudas que el presupuesto de la nación. El monto adeudado ronda el 80% del Producto Interno Bruto (PIB).
Pronto, cómo vamos, tendremos más endeudas que los ingresos generales consolidados que producimos.
En esas condiciones, es previsible un colapso de nuestra economía, con los daños sociales colaterales correspondientes.
Agregado esto, a una nueva crisis financiera mundial y sus efectos colaterales que pandemia acelera.
