SANTO DOMINGO. -El Ministerio Público aseguró este lunes que las empresas de Juan Alexis Medina Sánchez, imputado por corrupción administrativa en la Operación Antipulpo, contrataron de manera irregular con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) más de 2 mil millones de pesos en detrimento del Estado dominicano.
En ese sentido, la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procuradora de corte Mirna Ortiz, dijo que esa acción constituye una violación a la Ley de Contratación Pública, la libre competencia y al proveedor de menor costo.
“Quedó asentado en el tribunal que los costos de las empresas de Alexis eran superiores a los de cualquier otro oferente en el mercado”, dijo Ortiz a periodistas que le preguntaron sobre lo tratado durante la lectura de la acusación contra los imputados de la Operación Antipulpo en la continuación este lunes de la audiencia preliminar que conoce el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
“De igual forma, se beneficiaron con grandes exenciones de impuestos, dejando de pagar más de 10 millones de impuestos en aranceles que debían ingresar al Estado dominicano por exenciones solicitadas por el propio Francisco Pagán (ex director general de Oisoe) a Aduanas y a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)”, sostuvo.
“Eso es lo importante a resaltar en este momento”, destacó, tras indicar que siguen adelante con la lectura de la acusación, dejando fijados los hechos en el tribunal.
Dijo que el próximo viernes continuarán con la lectura de la página 420 de la acusación.
En torno al recurso de apelación a la decisión del cese de la prisión preventiva, Ortiz explicó que el Ministerio Público lo presentó en el plazo establecido por la ley, “entendiendo que la decisión otorgada por el tribunal no es correcta, conforme con la norma aplicada”.
La solicitud se deposita ante el tribunal que conoce el caso, este es el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, y de ahí va a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde se conoce el recurso.
