SANTO DOMINGO. –El director general de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, y la directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, apoderaron este jueves a la Procuraduría General de la República del expediente relacionado con la compra de RD$11 mil 500 millones de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOPC).
Durante una visita a la sede del máximo tribunal, ambos funcionarios argumentaron que existen suficientes indicios de que en el proceso auspiciado durante la gestión de Gonzalo Castillo hubo irregularidades y violaciones a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones del Estado.
“Creemos que el Ministerio Público, a través de sus departamentos correspondientes, cuenta con todos los recursos y herramientas necesarias para realizar una amplia investigación penal de este caso a los fines de esclarecer los hechos”, subrayaron en un documento conjunto.
Tanto Pimentel como Ortiz Bosch coincidieron en que el informe que sobre el caso emitió el ex director de la DIGEIG, Lidio Cadet, recomendando el archivo de la solicitud de investigación del licenciado Gonzalo Castillo, no es sostenible tras analizar los documentos depositados en la Dirección General de Ética.
La Dirección de Contrataciones Públicas ha podido constatar que las irregularidades de los procedimientos de excepción realizados por el Ministerio de Obras Públicas coinciden en gran parte con las denuncias realizadas por la periodista Alicia Ortega en su programa de investigación “El Informe”, difundido en noviembre del año pasado. Los hechos, afirman, posteriormente habrían sido comprobados en un documento emitido por la Dirección de Contrataciones Públicas el pasado 26 de mayo de 2020.
“Dentro de los hallazgos existen indicios de vinculación de algunas de las compañías beneficiadas con el licenciado Gonzalo Castillo, por lo que se pone esta información a la disposición del Ministerio Público para que realice las diligencias de lugar. De igual manera, por las irregularidades en la contratación de unos RD$11,500 millones, sería importante que este caso sea profundizado por el Ministerio Público”, resaltaron.
A esto se añade, según los nuevos funcionarios, la aprobación previa de las contrataciones; la publicación con un solo día de antelación para la presentación de propuestas; y la entrega de montos millonarios a favor de varias compañías, con marcadas diferencias, en perjuicio de una en particular, en clara violación del principio de igualdad y libre competencia establecido en la Ley 340-06.
