Impostores han utilizado información robada de decenas de miles de personas en el estado de Washington para recibir de manera fraudulenta cientos de millones de dólares destinados a subsidios por desempleo, informó el jueves la directora del Departamento de Seguridad Laboral del estado, Suzi LeVine.
El estado colabora actualmente con las autoridades federales, instituciones financieras y el Departamento del Trabajo en la investigación del fraude y para intentar recuperar el dinero pagado durante la crisis del coronavirus, agregó.
LeVine informó que no puede difundir cifras específicas ni detalles de la investigación. Pero comentó que las contramedidas implementadas por el estado han “evitado que cientos de millones de dólares más vayan a manos de los criminales y han evitado que se presenten miles de solicitudes fraudulentas”.
LeVine dijo que además de otras medidas adoptadas por la agencia, seguirán postergando los pagos — plan que analizaron por primera vez la semana pasada — a todos los solicitantes a fin de poder examinar más a fondo las solicitudes. Previamente, los solicitantes con disposición a depósitos directos recibían el dinero en cuestión de 24 a 48 horas. Ahora tendrán que esperar dos días más.
El The New York Times y el Seattle Times habían reportado previamente que una alerta emitida la semana pasada por parte del Servicio Secreto había identificado a Washington como el principal objetivo hasta el momento de una red nigeriana cuyo plan era el de realizar fraudes a gran escala en contra de los programas de seguros por desempleo del estado. LeVine dijo que no podía dar detalles de la investigación, pero comentó que no recibió directamente la alerta del Servicio Secreto, sino que la agencia la recibió por medio de otras fuentes.
Sin embargo, elementos de la agencia de LeVine sospechaban que algo estaba mal desde antes de la alerta, una vez que recibieron comunicación de empleadores y empleados que habían recibido información sobre subsidios de desempleo que no habían solicitado.
En Washington, más de 1,1 millones de personas han solicitado subsidios de desempleo desde que los comercios comenzaron a cerrar en marzo debido al COVID-19, pero las autoridades estatales comentaron el jueves que creen que una porción del incremento de solicitudes registrado la semana pasada se debe a las solicitudes falsas.
LeVine había informado previamente que no se había registrado ningún robo de datos en la agencia, y que los intentos recientes de fraude eran casos en los que la información personal de alguien había sido robada previamente de otras fuentes — como en el hackeo a Equifax de 2017 — y ahora se utilizaba para pedir subsidios.
“Se trata de criminales muy sofisticados que tienen una enorme colección de información de las personas y ahora lucran con esa información”, comentó.
