Baní, R.D.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República realizó este jueves una visita de verificación y monitoreo al Ayuntamiento de Baní, como parte de las diligencias de investigación en curso vinculadas a la legalidad, la transparencia y la correcta aplicación de la normativa en materia de contrataciones públicas.
Durante el encuentro con las autoridades municipales, el equipo técnico de la DGCP y de la Unidad Antifraude revisaron la documentación relacionada con procesos de compras y contrataciones de este gobierno local con el objetivo de constatar el cumplimiento de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas.
La visita forma parte de las acciones conjuntas que ambas instituciones vienen desarrollando para garantizar que la gestión de los recursos públicos en los gobiernos locales se ejecute bajo los principios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que “el trabajo articulado con la Unidad Antifraude permite reforzar los mecanismos de prevención, control y sanción frente a posibles irregularidades en la gestión pública. Nuestra responsabilidad es velar porque cada proceso se realice en estricto apego a la ley, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones”.
De su lado, el encargado de la Unidad Antifraude, Leónidas Peña, expresó que “estas verificaciones son esenciales para asegurar que los recursos municipales sean administrados con probidad. El acompañamiento y la supervisión contribuyen no sólo a detectar posibles irregularidades, sino también a fortalecer la capacidad institucional y la cultura de cumplimiento en los gobiernos locales”.
La DGCP reiteró su compromiso de acompañar y supervisar a las entidades del Estado sujetas al ámbito de aplicación de la referida Ley en la aplicación de las normas de contrataciones públicas, al tiempo que reafirma su disposición de colaborar con los órganos de control y persecución en toda investigación destinada a proteger los intereses colectivos y el buen uso de los fondos públicos.
