SANTO DOMINGO.-La Defensa de Alexis Medina Sánchez aseguró hoy que los cuerdos arribados ayer por cuatro imputados del caso Antipulpo, que admitieron su participación en el entramado de corrupción, no afectará a su defendido y definió como chismosa la acusación de La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Para el jurista Carlos Salcedo, representante legal del principal imputado del caso Antipulpo, la acusación no tiene alta probabilidad para lograr una condena, ya que muchos de los tipos penales que le imputan, no son más que faltas administrativas, como tráfico de influencia, financiamiento ilícito de campaña.
Señaló que el Ministerio Público presentó una acusación sorpresiva en la fase preparatoria porque hubo un elemento de la investigación que la defensa conoció, lo que constituye una sorpresa que viola principios cardinales.
“Ninguno de esos acuerdos tiene incidencia en la conducta personal atribuida a Juan Alexis Medina, ya pedimos la anulación por todos los vicios que contiene la acusación y no tiene formulación precisa de cargo el penalista. El Ministerio Público escondió cosas, escondió tipificaciones y conductas acusadas, lo que hace nula, absolutamente la acusación, lo que deja sin acción la acusación”, argumentó el penalista.
El Pepca sometió ayer ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional cuatro acuerdos dos de ellos consistentes en un criterio de oportunidad y en penal abreviado, mediante el cual admiten los hechos imputados a fin de que se le solicite una pena menor a la correspondiente.
El MP solicitó ayer al Sétimo Juzgado de la Instrucción condenar a cinco años de prisión, con dos suspendidos, a Francisco Pagán, exdirector de OISOE.
El titular del PEPCA, Wilson Camacho, y Mirna Ortiz, coordinadora de litigación, también pidieron al juez Deybi Timoteo Peguero condenar a Juan Esteban Suriel Suazo a cinco años de prisión, dos de prisión y tres suspendidos, tras llegar a un acuerdo con los imputados.
Mientras para Lewin Ariel Castillo, solicitaron dos años de prisión suspendida, como parte del juicio penal abreviado en la etapa preliminar del sonado caso.
Al tomar un turno en el tribunal, Pagán declaró haber obtenido inmuebles, vehículos y dinero en efectivo de manera ilícita. Sin embargo, el exfuncionario durante el gobierno de Danilo Medina descartó cualquier vínculo con Alexis Medina Sánchez, principal implicado en el caso Antipulpo.
Pagán, en su admisión de los hechos, también declaró que el empresario Juan Ramón Gómez Díaz acudió a su despacho con seis cheques de RD$25 millones, los cuales serían utilizados en la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Empero, sostuvo que no aceptó esa contribución, asegurando que sacó copias a los cheques, pidiéndole a Gómez Díaz que “firmará por detrás recibiendo su dinero”. En total, los cheques sumarían unos RD$150 millones.
El procurador adjunto Wilson Camacho destacó este lunes que con los acuerdos entre el Ministerio Público y cuatro de los imputados por corrupción administrativa en el Caso Antipulpo el Estado recuperará más de 200 millones de pesos en bienes.
El procurador adjunto, quien encabezó el equipo que representó al Ministerio Público en la audiencia preliminar que se conoce en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional destacó la trascendencia de los acuerdos.
Manifestó que el Ministerio Público en el momento de la réplica va a explicar o a recordar al tribunal cómo operaba este entramado de corrupción en la Oisoe y cómo la acusación del Ministerio Público no solamente es cierta con relación a estos cuatro acusados que han acordado, sino, que es cierta en todos y cada uno de los puntos que ha presentado el Ministerio Público en esta acusación.
El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas (Fonper), ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos, entre otros.
