Santo Domingo.- La Dirección General de contrataciones públicas (DGCP) reunió este jueves a unidades de compra de 30 instituciones públicas y más de 300 proveedores de distintos rubros en su tradicional Rueda de Negocios, una actividad de vinculación que busca articular la demanda estatal con la oferta productiva, conforme a los criterios económicos, sociales y ambientales que exige el nuevo marco normativo de contrataciones.
El acto de apertura estuvo encabezado por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, así como representantes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
“La Rueda de Negocios 2026 plantea una evolución del modelo, orientado a satisfacer la demanda de instituciones identificadas, con más de 3,000 mil procesos por contratar para el cuarto trimestre del año 2026 y la preparación de la oferta sobre el Plan Anual de Contrataciones del 2027, con la finalidad de generar información que permita dar seguimiento, desde la Dirección de Fomento y Desarrollo al Mercado Público a las vinculaciones producidas”, destacó Pimentel en una nota de prensa.
Explicó que, ante la evolución del marco regulatorio, con la entrada en vigencia de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, este instrumento de vinculación entre compradores y proveedores busca generar valor público a través de la creación de empleos y la ampliación de la base de la contratación de bienes y servicios en los territorios que cumplan con criterios de sostenibilidad ambiental, inclusión y fomento de la producción nacional.
Emiten normativa para garantizar aplicación de política de compras verdes
Pimentel aprovechó el espacio para anunciar la entrada en vigencia de la resolución núm. PNP-09-2026 que aprueba la metodología de priorización de bienes y servicios sostenibles y su herramienta de automatización para la implementación de la Política Nacional de Compras Verdes en el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.
Con esta normativa, la institución busca identificar, clasificar y priorizar de manera transparente los bienes y servicios que son susceptibles de integrar criterios de sostenibilidad ambiental. Afirmó que con este paso se consolida la implementación de la referida política, promoviendo una gestión estatal más eficiente y garantizando el compromiso del Estado con la protección del medio ambiente.
