Un saldo de 24 personas fallecidas han dejado las jornadas de protesta en Colombia, según informó el miércoles la Defensoría del Pueblo, entidad estatal encargada de velar por los derechos humanos. En 11 de esos casos el reporte señala como presuntos responsables a miembros de la policía nacional.
La mayoría de las muertes se han registrado en el departamento del Valle del Cauca, al suroeste del país, donde han fallecido 17 personas en medio de una escalada de violencia. Las denuncias ciudadanas y de ONG apuntan a un alto índice de represión policial, mientras que el gobierno atribuye la violencia a grupos criminales infiltrados en las movilizaciones ciudadanas.
La comunidad internacional ha hecho un llamado al gobierno colombiano para que se garantice el derecho a la protesta, ha condenado los actos de violencia e instado al diálogo.
En una semana de protestas el Ministerio de Defensa ha reportado 846 personas lesionadas, 540 policías y 306 civiles, mientras que la Defensoría advierte al menos 85 personas reportadas como desaparecidas.
Las cifras podrían ser mayores según la organización no gubernamental Temblores, que documenta los abusos policiales en el país y contabilizó 31 muertos, 1.443 casos de violencia policial y 10 casos de presunto abuso sexual.
El miércoles se cumple el octavo día consecutivo de manifestaciones en las principales ciudades del país en reclamo del cese del abuso policial y la implementación de políticas sociales que ayuden a la población en medio de la crisis económica derivada de la pandemia.
Las protestas continúan pese a que el presidente Iván Duque retiró la reforma tributaria, la razón por la que se convocaron las primeras protestas el 28 de abril, y propuso instalar un espacio de diálogo con la ciudadanía y los diferentes sectores políticos.
“Qué clase de voluntad de diálogo es cuando no se garantiza el derecho a la protesta pacífica. Quién le va a creer (al presidente) cuando no ha tomado la decisión de desmilitarizar las ciudades colombianas, cuando salimos a marchar y lo primero que pasa es que llegan a reprimirnos”, dijo a The Associated Press la líder estudiantil Jennifer Pedraza, quien se manifestaba en las calles del centro de Bogotá.
Tanto el desempleo como la pobreza han aumentado a raíz de la pandemia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para marzo la tasa de desocupación laboral alcanzó el 14%, mientras que en el mismo periodo de 2020 fue del 12,6%. Esta misma institución indicó que la pobreza monetaria en 2020 fue del 42,5%, un incremento respecto al 2019 que se calculaba en 35,7%.
La noche del martes se registraron desmanes en Bogotá. Según la alcaldía, la estela de violencia dejó 30 civiles y 16 policías heridos, ninguno por arma de fuego. Además, fueron vandalizados 19 Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la policía, tres fueron incinerados y en uno de ellos, ubicado en el sur de la ciudad, “intentaron quemar vivos a 10 uniformados” que se encontraban en su interior.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió al ejército custodiar los centros carcelarios para que los policías patrullen las calles, una medida que ha sido criticada por sus opositores y líderes de las marchas por considerar que es una “militarización” de la ciudad.
“Quiero hacerle un llamado a la ciudadanía… la noche de hoy ha demostrado que ninguno de los convocantes tiene capacidad de garantizar que la protesta culminará pacíficamente. Entre más choque haya por vandalismo con el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y la policía más probabilidad tenemos de que pueda haber abuso o que ciudadanos puedan terminar heridos”, advirtió López la madrugada del miércoles en una declaración oficial en la que también informó que habrá 22 comisiones verificadoras de derechos humanos en las protestas sociales.
