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Caso Coral: Dictan 20 años de prisión a Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Aza

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Caso Coral: Dictan 20 años de prisión a Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Aza

Santo Domingo. – El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del distrito nacional emitió durante la madrugada del martes la sentencia del denominado caso Coral. El dictamen, emitido por las magistradas Esmirna Gisselle Méndez Álvarez (jueza presidenta), Tania H. Yunes Sánchez y Jissel Y. Naranjo Tejada , impone severas penas de cárcel y multas económicas contra exfuncionarios públicos y colaboradores acusados de desfalco contra el Estado, lavado de activos y asociación de malhechores

El tribunal declaró culpables al exjefe del Cuerpo de Seguridad presidencial (Cusep), Adán Benoni Cáceres Silvestre, y al general Juan Carlos Torres Robiou, imponiéndoles 20 años de reclusión mayor y una multa de 400 salarios mínimos del sector público, tras encontrar probada la acusación por asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial, entre otros delitos.

La misma condena de 20 años y multa de 400 salarios mínimos fue impuesta a Rafael Núñez de Aza, hallado culpable de asociación de malhechores, prevaricación, soborno, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial.

Asimismo, el tribunal condenó a Julio Camilo de los Santos Viola a 15 años de prisión y al pago de una multa de 400 salarios mínimos, mientras que Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (La Pastora) recibió una condena de 15 años de prisión y una multa de 300 salarios mínimos por lavado de activos e incremento patrimonial.

Entre las demás condenas figuran penas de 10 años de prisión para Esmeralda Ortega Polanco, José Manuel Rosario Pirón, Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Erasmo Roger Pérez Núñez y Kelman Santana Martínez, por diversos delitos vinculados al entramado de corrupción y lavado de activos.

También fueron condenados Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara a cinco años de prisión; Alejandro José Montero Cruz a cinco años por tenencia ilegal de armas de fuego; Pedro Roberto Castillo Nolasco a tres años de reclusión; y Carlos Augusto Lantigua Cruz a tres años de prisión y una multa de RD$500,000.

El tribunal impuso además penas de entre tres y cinco años de prisión a varios acusados vinculados al lavado de activos y testaferrato, entre ellos Lucía de los Santos Viola, Epifanio Peña Lebrón, Onoris Beatriz Soto de los Santos, Manuel de Jesús Alba Solano, Élida María Trinidad Santiago, Raymel Pastor del Rosario Viola y Raúl Alejandro Girón Jiménez.

Por otra parte, los jueces dispusieron la absolución de Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Eric Daniel Pereyra Núñez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Santiago Antonio Suárez Peguero y de la entidad Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, al considerar insuficientes las pruebas presentadas por el ministerio público para sustentar la acusación.

La sentencia también declaró culpables de lavado de activos a varias empresas, entre ellas CSNA Universo Empresarial, S.R.L., Randa internacional Company, E.I.R.L., Aldom Glass Alumimium, S.R.L., Hacienda Kelman, S.R.L., R&F Agroindustrial, S.R.L. y Rawel Importadores, S.R.L., ordenando multas, la clausura definitiva y la disolución de varias de estas entidades.

Fallo Civil: indemnización a favor del Estado

En el aspecto civil, las juezas acogieron la demanda interpuesta por el Estado dominicano. Como consecuencia directa, ordenaron que Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Batista, José Manuel Rosario Pirón, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Carlos Augusto Lantigua Cruz y Pedro Roberto Castillo Nolasco paguen, de manera conjunta y solidaria, la suma de cinco mil millones de pesos (RD$5,000,000,000.00) a favor del Estado como justa reparación de los daños materiales causados por su accionar criminal.

Por otro lado, la acción civil fue rechazada contra otros implicados (incluyendo a Rossy Maybelline Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco) al determinarse que no retuvieron faltas pasibles de comprometer su responsabilidad en este aspecto específico.

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