La alta población de presos preventivos, que generalmente ha superado el 60 por ciento de los privados de libertad, ha sido una de las principales causas del hacinamiento que ha imperado en el sistema penitenciario dominicano.
Esta problemática ha motivado a las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público a diseñar estrategias para reducir la cantidad de reos preventivos y descongestionar los recintos.
Ahora forma parte de la agenda de trabajo de la nueva procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, quien lleva 17 días en el cargo, y del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, con poco más de un año al frente del Poder Judicial.
En una primera reunión que sostuvieron ayer las autoridades de la Procuraduría y de la SCJ, acordaron poner en marcha un plan de trabajo para solucionar la situación de los miles de dominicanos que se encuentran en prisión preventiva, debido a que todavía no se les ha conocido un juicio que determine su culpabilidad o su inocencia.
En un comunicado de la dirección de comunicaciones de la SCJ, se informó que en la reunión se planteó la posibilidad de un plan de trabajo para formular una solución conjunta desde el Poder Judicial y la Procuraduría, que pueda incluir a la Defensa Pública y a los demás actores del sistema.
Uno de los proyectos más ambiciosos puesto en marcha para disminuir la cantidad de presos preventivos inició en mayo del 2018, el cual consistió en la instalación en una primera fase de tribunales móviles en los recintos más poblados, La Victoria, en el municipio Santo Domingo Norte, y Najayo, en San Cristóbal, como parte de un plan piloto que se extendería a otras jurisdicciones.
Este programa fue realizado durante la gestión en la SCJ de Mariano Germán Mejía y en la Procuraduría de Jean Alain Rodríguez. En el acto de lanzamiento, el entonces presidente de la SCJ anunció que se extendería en una segunda fase a los distritos judiciales de Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís y San Pedro de Macorís.
Mientras, el procurador destacó que la iniciativa surgió por la existencia de más de 26,500 privados de libertad en los 41 recintos penitenciarios del país, 16,844 en calidad preventiva, equivalente al 63.4%.
Requisitos
Entre los requisitos establecidos para el conocimiento de los casos en esos tribunales móviles figuraba que ya el ministerio público haya presentado acusación contra los imputados, que la víctima sea el Estado dominicano y que el imputado esté representado por un defensor público.
Resolución
El establecimiento de tribunales móviles fue dispuesto por el Consejo del Poder Judicial mediante la resolución 5/2018, del 19 de febrero del 2018, con el propósito de descongestionar los recintos carcelarios.
