La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue apoderada este lunes para conocer el recurso a través del cual el exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, solicitó la nulidad de la decisión que lo envió a prisión preventiva y que, por consiguiente, lo favorezcan con la libertad pura y simple.
Se está a la espera que el tribunal proceda a fijar la fecha para discutir los argumentos presentados por el exfuncionario, recluido en la cárcel del Najayo-hombres, y acusado de desfalcar al Estado por más seis mil millones de pesos.
La barra de la defensa de Jean Alain dice que la medida de coerción fue poco sopesada por el tribunal, ya que el expediente instrumentado por el Ministerio Público carece de elementos probatorios que puedan sustentar y demostrar los ilícitos que se le imputan a su cliente.
Los abogados Gustavo Biaggi Pumarol, Carlos Balcácer y José Martínez Hoepelman explicaron que el procedimiento se fundamenta en cinco elementos puntuales entre los que citaron “el grave vicio de la omisión de estatuir y con ello, la violación al derecho de defensa con lo que infringe el artículo 69 de la Constitución”.
En el caso, además del exprocurador Jean Alain Rodríguez, figuran como imputados Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercedes Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.
Según la acusación del Ministerio Público, los implicados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de seis mil millones de pesos.
El exprocurador, sus colaboradores y relacionados están imputados, además, de infringir varios artículos de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en cuanto a lo relacionado con lavado de activos y circunstancias agravadas del lavado.
Además, les imputan violar la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras infracciones graves, en lo concerniente a los hechos cometidos antes de 2017.
