La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) advirtió que el nuevo código penal desaprovecha una oportunidad clave para fortalecer la seguridad jurídica del sector empresarial, al no incorporar las observaciones técnicas presentadas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas durante los cambios aprobados a varias disposiciones de la Ley 74-25 en el Senado.
La organización sostuvo que, aunque el país necesita una legislación moderna y adaptada a la realidad económica y social, ese objetivo no puede alcanzarse mediante un proceso legislativo acelerado que deje fuera las consultas intersectoriales y las propuestas formuladas por el sector privado.
ANJE cuestionó que la iniciativa solo posponga por tres meses la entrada en vigor de las disposiciones relativas a la responsabilidad penal empresarial, pese a que se abrió un proceso de consultas cuyos planteamientos, según afirmó, no fueron incorporados al texto aprobado.
La entidad aseguró que la propuesta mantiene vacíos que podrían generar incertidumbre jurídica, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), al no establecer reglas diferenciadas ni un régimen de responsabilidad más claro, equilibrado y alineado con los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica.
Planteó que la responsabilidad penal de las empresas debe sustentarse en criterios objetivos, como que la infracción haya sido cometida en beneficio de la entidad y que exista un incumplimiento grave de los deberes de organización y control. También consideró necesario que la legislación reconozca con mayor precisión los programas de cumplimiento y los mecanismos de certificación aplicables.
La organización empresarial afirmó que el país requiere una legislación que permita sancionar de manera efectiva las conductas ilícitas sin crear incertidumbre para quienes cumplen la ley, al entender que un entorno jurídico predecible es esencial para atraer inversiones, fomentar el emprendimiento y generar empleos.
ANJE reiteró su disposición de colaborar con el Congreso Nacional en caso de que el Código Penal sea aprobado en los términos actuales, con el propósito de impulsar modificaciones que fortalezcan el régimen de responsabilidad penal empresarial. Además, propuso la creación de una comisión permanente de técnicos y académicos que, durante el primer año de vigencia de la ley, evalúe su aplicación práctica y recomiende los ajustes necesarios para garantizar mayor seguridad jurídica.
