Amnistía Internacional (AI) reaccionó a lo dicho este jueves por la vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, de que en el país no se ejecutan políticas migratorias racistas, al lamentar que esta se limitara a negar la evidencia sobre el maltratado que, según esa organización, sufren ciudadanos haitianos en República Dominicana.
«Valoramos la atención que la vicepresidencia ha dado a nuestras denuncias, pero lamentamos que esta respuesta sea simplemente negar la evidencia. La responsabilidad estatal por los hechos que hemos constatado con testimonios, estadísticas e imágenes es innegable. Resistirse al escrutinio público no solo socava la confianza en el Gobierno, sino que también perjudica a todas las personas que el Estado debe respetar y proteger», afirmó AI en un comunicado.
La directora para las Américas de Amnistía, Ana Piquer, instó de nuevo al Gobierno dominicano a promover un cambio positivo en su política migratoria, asumiendo responsabilidad y corrigiendo prácticas y políticas racistas que violan los derechos humanos.
«Esto incluye el respeto a las obligaciones internacionales del Estado y su gobierno en materia de protección internacional y el cumplimiento del reglamento de la ley migratoria dominicana que prohíbe la deportación de mujeres embarazadas y de menores de edad», abundó Piquer.
La vicepresidenta Peña rechazó este jueves que ejecute políticas migratorias racistas, y que el país lo que hace es «defender» su «soberanía».
Peña agregó que los organismos internacionales «pueden decir lo que ellos quieran decir».
Exigió que «respeten la soberanía nacional y las políticas nuestras que nunca han ido en detrimento de los inmigrantes, no importa de dónde vengan».
«Nosotros tenemos que seguir firmes defendiendo la soberanía nacional y en eso nosotros estamos», enfatizó la vicepresidenta.
Esas declaraciones de Peña fueron en respuesta a un comunicado enviado el miércoles por Amnistía Internacional en el que pidió al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, priorizar el respeto a los derechos humanos y poner fin a políticas migratorias «racistas», que afectan principalmente a los haitianos, en su segundo período de Gobierno, que se inició el 16 de agosto.
