SANTO DOMINGO.-La Alianza ONG presentó los resultados de un diagnóstico sobre mecanismos y prácticas de las asociaciones sin fines de lucro (ASFL) para la movilización de recursos nacionales.
El propósito del diagnóstico es analizar los mecanismos y prácticas para movilizar recursos, con miras a la construcción de una estrategia para dar respuesta efectiva a la disminución del financiamiento internacional, así como a la necesidad de sostener los servicios y la acción de las organizaciones sociales.
El estudio destaca la tendencia a la baja en los fondos de cooperación internacional al desarrollo, que es inferior al 0,5% del Producto Interno Bruto del país.
Los resultados identifican diversos mecanismos para la movilización de recursos tanto de origen público como privado.
Sector Público
Los resultados presentan que el principal mecanismo de acceso a recursos públicos lo constituyen los apoyos a programas y proyectos, vía presupuesto nacional, que en los últimos tres años han aumentado en montos absolutos, pasando de RD$1,779,438,579 en el 2017 a RD$1,788,291,986.00 en el 2018, hasta alcanzar RD$1,896,460,217.00 en el 2019, pero que han disminuido si se analizan como porcentaje del presupuesto nacional desde un 0.25% en el 2017, a un 0.22% en el 2018, y solo un 0.21% en el 2019.
Este diagnóstico señala que las asociaciones reflejan un creciente interés en las contrataciones públicas, el cual se ve expresado en el aumento de un 266% de inscripciones como proveedoras del Estado en los últimos 10 años. A finales del 2018 unas 1,490 se encontraban debidamente registradas como proveedoras según los datos provistos por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Sector Privado
El estudio se realiza en un contexto caracterizado por la demanda de una mayor cultura colaborativa entre las organizaciones de la sociedad civil, el crecimiento y tránsito de las acciones de filantropía a la responsabilidad social empresarial por parte del sector privado, así como un mayor compromiso político por parte de algunas instituciones del Estado, derivado especialmente por la implementación de la Ley 122-05 sobre las ASFL.
Uno de los mecanismos establecidos como aportes e incentivos a empresas, filantropía y programas hacia las organizaciones, lo constituye sin lugar a dudas el régimen de donaciones previsto en el marco legal vigente.
El artículo 168 del Reglamento de la Ley 122-05, contempla que las donaciones hechas a una asociación sin fines de lucro serán deducibles del impuesto sobre la renta del donante, hasta una cantidad máxima del 5% de la Renta Neta Imponible, del ejercicio fiscal en el que se haya efectuado. Para su deducción, el donante deberá presentar comprobantes fehacientes a juicio de la Administración Tributaria y cumplir con los requisitos establecidos
Este incentivo constituye una oportunidad, que no ha sido lo suficientemente explotada para incrementar las donaciones del sector privado a las ASFL. El estudio evidencia el uso limitado de esta facilidad.
En la actividad
Durante la presentación de la investigación, las palabras de apertura fueron pronunciadas por la presidenta de Alianza ONG, Regla Brito de Vargas quien destacó que “República Dominicana tiene importantes desafíos para llevar bienestar a las poblaciones viviendo en condiciones de pobreza. El país cuenta con una Estrategia Nacional de Desarrollo, también es signatario de la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y para lograr que el anhelado desarrollo llegue a las poblaciones en pobreza, se requiere de la participación y la acción social de las (ASFL)”.
También expusieron el señor Fidias Mejía del Centro de Fomento y promoción de las (ASFL), del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, quien destacó que la calidad educativa, la reducción de embarazo en adolescentes, el desarrollo de las PyMES, así como el balance hídrico y la disponibilidad de agua, son las prioridades del gobierno dominicano para trabajar con las organizaciones de la sociedad civil.
La actividad contó con intervenciones de la Dra. Yokasta Guzmán, Directora de Contrataciones Públicas, y Raybelis Roa de Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).
