SANTO DOMINGO. – El economista Henri Hebrard reveló que el Ministerio de Hacienda realizó un informe a finales del pasado gobierno en el cual advertía que el Aeropuerto Internacional de Bávaro no sería rentable y que los incentivos fiscales que les serían otorgados por 15 años representarían un enorme “sacrificio del Estado” de casi RD$4,500 millones, los cuales ahora obligan a que los mismos sean ofrecidos en iguales condiciones y por el mismo tiempo a todos los aeropuertos privados del país.
Manifestó que las conclusiones del informe señalan: “Los resultados del análisis costo-beneficio evidencian que en ausencia de los incentivos tributarios el proyecto no sería financieramente rentable, debido a que éste no compensa la inversión inicial realizada. Por lo que se espera que la inversión no podría ser realizada sin el otorgamiento de dichos incentivos”.
Dijo que adicionalmente, el documento añade: “Los incentivos tributarios representarían un sacrificio fiscal para el Estado de RD$4,403.9 millones durante los años considerados, de los cuales el 73% corresponde al impuesto sobre la renta; el 20.4% al impuesto sobre los activos; el 4.0% al impuesto a la transferencia inmobiliaria; y el 2.6% al arancel e impuestos a las importaciones”.
Hebrard expresó que el informe bajo el título “Análisis costo-beneficio de los incentivos fiscales a otorgar al proyecto máster plan Aeropuerto Internacional de Bávaro” fue realizado por la Dirección General de Política y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda en julio de 2020 por solicitud del Consejo de Fomento Turístico (CONFOTUR) de fecha 30 de junio de 2020.
Indicó que otro aspecto que el Ministerio de Hacienda también abordó en su informe fueron los escasos beneficios generales que tendría éste para la sociedad versus el sacrificio fiscal. “Los beneficios indirectos del proyecto a la sociedad ascenderían a RD$222.1 millones. Por lo que estos cubren el 5.0% de los incentivos a otorgar. Es decir que los beneficios indirectos que aportaría el proyecto son inferiores al sacrificio fiscal generado para el Estado”.
Señaló que estando el Estado dominicano en medio de una situación tan difícil producto del covid-19, en lugar de usar los casi 4,500 millones de pesos para financiar un proyecto que no se sostiene financieramente, mejor debería utilizarlo en el sector de la salud para la compra de vacunas y medicamentos.
Puntualizó que esta fue la primera vez en la historia que esta institución otorgó este tipo de privilegios a una obra de este tipo, obligando ahora al Estado dominicano a otorgar las mismas concesiones a todas las demás terminales aeroportuarias privadas. “Las estimaciones que se han realizado indican que esto le costará al Estado dominicano más de 15 mil millones de pesos si esa decisión no es derogada”, dijo.
El economista también destacó que el informe reza que, tras analizar el flujo de caja, “los datos del estudio de factibilidad económico-financiero revelan que el valor actual neto (VAN) del flujo de caja sin considerar los incentivos tributarios resulta negativo en RD$1,729.3 millones. Por tanto, desde el punto de vista financiero, bajo un escenario de pago de impuesto, este proyecto no sería financieramente rentable debido a que el mismo no compensa la inversión inicial realizada de acuerdo con un costo de oportunidad del dinero utilizado de 12.0 por ciento”.
Dijo que, en las conclusiones, el Ministerio de Hacienda también alertó que “los flujos futuros del proyecto indican que los incentivos tributarios son necesarios para que la inversión se lleve a cabo, destacándose que con los incentivos la rentabilidad del capital solo supera en 0.9 puntos porcentuales la tasa de descuento, por lo cual, de producirse un evento local o internacional de causa de fuerza mayor se podría afectar la inversión.
El Ministerio de Hacienda señaló en el informe que el análisis costo-beneficio para ese proyecto fue elaborado sobre la base de la metodología desarrollada por esa entidad con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTA-DR), “a los fines de orientar las decisiones de otorgamiento de incentivos y prevenir abusos en el uso de los mismos”.
