El gremio empresarial advierte que las modificaciones aprobadas en el Congreso podrían colocar al sector en desventaja frente a otros países y afectar la atracción de inversiones.
La Asociación dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), alertó que la aprobación del proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de residuos sólidos, podría golpear la competitividad de uno de los principales motores económicos del país.
La organización sostuvo que una reforma de esta magnitud no debió avanzar sin un análisis técnico más profundo ni un proceso de discusión amplio con los sectores involucrados.
Recordó que la legislación ya había sido modificada hace apenas unos meses, por lo que considera que no se agotaron los espacios necesarios para evaluar sus efectos ni construir consensos.
ADOZONA cuestionó especialmente las disposiciones que impactan al régimen de zonas francas, al señalar que las empresas acogidas a la Ley 8-90 operan bajo un esquema tributario distinto, por lo que el mecanismo de deducibilidad contemplado en la reforma no generaría los mismos beneficios que para otros contribuyentes.
Según el gremio, esta situación podría colocar a las empresas de zonas francas en una posición de desventaja frente a competidores de otros países, justo cuando república dominicana busca atraer nuevas inversiones, fortalecer las exportaciones y proteger miles de empleos vinculados a la manufactura y los servicios.
La entidad insistió en que las normas con alto impacto económico y regulatorio deben estar sustentadas en estudios técnicos, garantizar la participación de los sectores afectados y ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas.
ADOZONA reiteró su disposición de trabajar junto a las autoridades y al Congreso para construir un marco legal que impulse una gestión eficiente de los residuos sólidos sin comprometer la competitividad del sector productivo.
Finalmente, el gremio afirmó que el diálogo y el consenso son fundamentales para equilibrar los objetivos de sostenibilidad ambiental con la estabilidad regulatoria y el crecimiento económico del país.
