La Procuraduría General de la República informó que el Consejo Superior del Ministerio Público procedió a suspender temporalmente a la fiscalizadora Carmen Lisset Núñez, para que a través de la Inspectoría General de esta institución, se proceda a realizar una amplia investigación sobre los hechos acontecidos mientras realizaba junto a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas un allanamiento judicial en una barbería, ubicada en el municipio de Villa Vásquez, provincia Montecristi.
La institución informó mediante un comunicado de prensa que el procurador Jean Alain Rodríguez solicitó realizar una investigación y convocó al Consejo Superior del Ministerio Público para que en sesión extraordinaria y a los fines de realizar una investigación objetiva sin obstáculos, procediera a suspender temporalmente a la fiscalizadora actuante.
Dijo que al frente de la investigación fue designado el magistrado Bolívar Sánchez, Inspector General del Ministerio Público, para que amplíe la investigación y determine si la magistrada Núñez actuó apegada a los procedimientos establecidos en las leyes.
El procurador general de la República dijo que “el Ministerio Público está en estos momentos analizando todas las evidencias recolectadas en el lugar e interrogando las personas necesarias y de determinarse que los oficiales actuantes, tanto de la Dirección Nacional de Control de Drogas como del Ministerio Público tuvieran comprometida su responsabilidad penal, se actuará sin contemplación y de acuerdo a lo establecido en las normas que rigen dichas instituciones y en la ley penal. Por igual, de resultar ser falsa la denuncia, también se procedería conforme lo indica la norma.
La institución explicó de forma preliminar que el allanamiento realizado en dicho establecimiento comercial es presuntamente el resultado de una investigación en curso llevada a cabo por el Ministerio Público de esa localidad y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas conforme lo contempla la orden judicial No. 611-1-2019 SAUJ-00808, mediante la cual el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Montecristi autorizó el allanamiento a la Barbería en fecha 31 de julio del presente año, cuyos detalles también se encuentran bajo investigación.
La institución detalla que afirmar que la fiscal actuante implantó drogas en el lugar, resulta aún anticipado y extemporáneo, ya que en ningún momento en el video que ha trascendido en las redes sociales, se ve a la fiscal cometer dicho acto y que la responsabilidad penal o no de la misma será determinada en la propia investigación.
