La renovación de la cédula de identidad y electoral que intentó realizar un dominicano sacó a relucir todo un entramado de falsificaciones y dobles identidades que se obtuvieron en oficialías del Estado Civil de las zonas sur y este del país.
Todo comenzó cuando ese ciudadano a quien daremos nombre ficticio, para no afectar a terceros, se presentó el 29 de agosto del 2014 a un centro móvil de cedulación ubicado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a solicitar la renovación de su cédula para hacerle unos cambios de datos menores.
Roberto, como lo llamaremos, ofreció sus datos personales, se tomó la fotografía y aportó sus huellas dactilares, y de inmediato el sistema registró que tenía otra identidad, a la que identificaremos como Carlos, lo que dio paso a una investigación por parte de la Junta Central Electoral (JCE).
Durante las pesquisas, el ciudadano admitió poseer una segunda identidad debido a que fue declarado en dos ocasiones por su padre para poder viajar a España. La idea era declararlo de nuevo para que figurara como menor de edad y pudiera así obtener la residencia española.
Explicó que su nombre original era Roberto y que sólo utilizó la identidad de Carlos para solicitar pasaporte y el visado español, y que no había realizado ningún otro acto civil.
Las investigaciones siguieron su curso, y para sorpresa de las autoridades, un cruce de informaciones del Sistema de Consulta de Cedulados y el Sistema Automatizado del Registro Civil (PARC), determinó que sus cuatro hermanos también poseían duplicidad de cédulas y en algunos casos, triplicidad.
Durante las pesquisas, los padres de Roberto fueron contactados por teléfono, y justificaron la acción de la doble declaración de sus hijos a que estos no cumplían con la edad requerida para poder viajar a España y acogerse así al visado por reagrupación familiar.
Revelaron que sus hijos ya han formado familia en España con su segunda identidad y que se niegan a viajar a República Dominicana, por temor a que les ocurra lo mismo que a su hermano Roberto, quien no ha podido retornar.
Roberto fue declarado en la Oficialía de Neiba en 1986 y posteriormente, se hizo otra declaración tardía en la Oficialía de Ramón Santana, en la que se indica que se llamaba Carlos y que nació en el 1992.
Igual situación sucedió con sus hermanos, los cuales fueron declarados en Barahona y Neiba, pero después fueron asentados en Galván, Tamayo, Ramón Santana y San José de Los Llanos.
Los resultados de las pesquisas determinaron que los padres procedieron a realizar un festival de declaraciones de nacimiento a través de medios fraudulentos e informaciones falsas, lo que ha conllevado a las autoridades a cancelar la segunda identidad de los cinco miembros de esa familia.
Las investigaciones de las partidas de nacimiento de los hermanos de Roberto y/o Carlos, arrojaron otras irregularidades, pero en esta ocasión en la Oficialía del Estado Civil de San José de los Llanos.
Allí se determinó que el Primer Original del Libro de declaración tardía número 6 del año 1996 contenía inscripciones de manera irregular, las que se hicieron luego del libro ser clausurado.
Esas nuevas indagaciones dieron paso a la inhabilitación de 35 actas de nacimiento que fueron inscritas de manera irregular.
Entre ellos está el caso de Yésica Montero Moreta, quien fue declarada en 1996, en Los Llanos y se comprobó que fue inscrita en el libro, luego de haber sido cerrado.
La Inspectoría de la JCE solicitó en consecuencia que la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial correspondiente, proceda anularle su acta de nacimiento.
A raíz de ello, Yésica, una joven de 23 años, madre soltera de dos niños, uno de 7 y otro de 1 año, se quedó sin ningún tipo de identificación, lo cual le ha complicado su vida, como asegura.
Actualmente la Junta trata de solucionar su situación, le asignaron un inspector independiente del resto del grupo, para separar su caso del expediente. Se instruyó a la joven buscar una serie de documentos para que su progenitor la vuelva a declarar.
Sin embargo, la falta de recursos económicos podría incidir en la solución de su caso, pues la joven y sus dos hijos solo dependen de un trabajo que realiza como empleada doméstica los fines de semana. De los ingresos obtenidos debe pagar alquiler, alimentos, luz y a la persona que le cuida a sus hijos para poder trabajar.
Yésica está esperanzada en cuanto a recuperar su identidad, aunque le preocupa no tener dinero para pagar las constancias y certificaciones requeridas para ello.
Respecto a los demás casos, la Junta Central Electoral comunicó que la mayoría están en vías de solución, algunos ya lo resolvieron y otros sin embargo se mantienen con el problema.
Fuente: Diario Libre
