- Se volvió a aplazar la audiencia preliminar por notificación de pruebas
Una vez más se suspendió el conocimiento de la audiencia preliminar del caso seguido a los imputados por los 3.5 millones de dólares que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) pagó en soborno para la adquisición de ocho aviones Super Tucano.
Ayer, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, reenvió la audiencia a los fines de que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) notifique en físico las pruebas que le entregó Embraer tras declararse culpable de los hechos durante un juicio penal abreviado.
Desde septiembre del año 2017 la PEPCA formuló formal acusación contra Embraer así como al exsecretario de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio; el coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Hernández, Daniel Aquino Méndez, Ysrael Abreu Rosario, el notario Félix del Orbe Berroa, y las empresas 4D Business Group y Magycorp.
Tras varios meses sin haber podido iniciar la audiencia debido a que la compañía brasileña no acudía al tribunal, en julio del 2018, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público en donde se declaraba culpable y pagó el duplo del monto pagado en soborno, sin embargo, a la fecha el proceso no ha avanzado.
Los aplazamientos han sido tanto por solicitud de los fiscales de la PEPCA como de las defensas de los imputados.
En la audiencia que se celebrará el próximo 5 de agosto, los abogados y los imputados deberán referirse sobre la solicitud de introducir al proceso unas tres cajas de nuevos elementos de pruebas aportados por el Ministerio Público, los cuales, según afirmaron los fiscales, fueron entregados por Embraer luego de que ese mismo tribunal homologara el acuerdo suscrito entre la Procuraduría y la compañía.
La PEPCA había notificado las pruebas en un CD pero debido a la objeción de las defensas técnicas, el tribunal les otorgó un plazo de cinco días para notificarlas de manera física. En tanto que procedió a otorgar un plazo de 10 días a los abogados para pronunciarse acerca de la referida solicitud.
