Un detenido con lesión medular recibe eutanasia en caso polémico en España

Un hombre que sufrió una lesión medular en un tiroteo con la Policía recibió este martes la eutanasia que había solicitado, en contra del deseo de sus víctimas, que preferían que fuera juzgado en un tribunal.

Según informaron a Efe fuentes del caso, al exvigilante de seguridad Eugen Sabau, conocido como el «pistolero de Tarragona» por tirotear en diciembre pasado a tres compañeros de trabajo y un policía, le fue aplicada la muerte asistida en el módulo penitenciario de un hospital en la ciudad de Tarrasa (noreste).

Este hombre permanecía en prisión preventiva en esta unidad hospitalaria debido a la lesión medular irreversible que sufrió al ser neutralizado tras atrincherarse después de atacar a sus entonces compañeros en la empresa de seguridad en que trabajaba.

Un tribunal confirmó el pasado 4 de agosto su derecho a recibir la eutanasia, al concluir que prevalecía su derecho a la «dignidad» frente al de la tutela judicial efectiva de las víctimas, que trataron sin éxito de paralizar el proceso hasta que se celebrase juicio.

Sin embargo, le fue denegado su pedido para morir en libertad en una unidad hospitalaria convencional rodeado de su familia.

Subau disparó contra tres compañeros de trabajo, que resultaron heridos, en las oficinas de una empresa de seguridad en la ciudad de Tarragona (noreste) y en su fuga lesionó de un disparo a un policía, antes de atrincherarse en una granja abandonada hasta que fue neutralizado tras un tiroteo.

El abogado José Antonio Bitos, que representa al policía herido, aseguró a Efe que la eutanasia aplicada antes de que haya podido ser juzgado debilita al Estado de Derecho y sienta jurisprudencia para otros delitos graves, como terrorismo o agresiones sexuales a menores.

Más allá de afectar a la causa concreta contra Sabau, permitirá a partir de ahora a los presuntos autores de delitos graves decidir «cómo y cuándo acabar con el procedimiento penal» al terminar con su propia vida, advirtió.

Por ello, abogó por una «reformulación» de la Ley de Eutanasia en España, al considerar que se aprobó «a toda prisa» sin contemplar todos los supuestos, para que a partir de ahora prevea casos como la muerte asistida de acusados de delitos graves que no hayan sido juzgados.

España se convirtió el año pasado en uno de los pocos países en legalizar la eutanasia, que pueden pedir mayores de edad con enfermedades graves e incurables que conlleven un sufrimiento físico o psíquico intolerable, siempre con el aval de una comisión de médicos y juristas.

El caso plantea en España un debate sobre los límites de dos derechos fundamentales: la eutanasia, entendida como parte del derecho a la vida, y el de las víctimas a la tutela judicial efectiva, que atañe también a su derecho a la vida y en este caso el acusado podría haberles matado.