El Ministerio Público solicitó al juez que conoce el caso Cattleya, una autorización para que se le realice un anticipo de prueba a varias de las mujeres que habrían sido víctimas de la red de explotación sexual.
Los fiscales quieren tomar el testimonio de las mujeres ante la posibilidad de que, durante el desarrollo del proceso, estas mujeres decidan regresarse a sus países de origen y se haga difícil poder contactarlas.
Basan su pedimento en el artículo 287 del Código Procesal Penal, el cual establece que puede realizarse el anticipo cuando: “se trate de un peritaje que por sus características no permita que se realice posteriormente un nuevo examen; y cuando es necesaria la declaración de un testigo que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerse durante el juicio o cuando por la complejidad del asunto, exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias esenciales sobre lo que conoce”.
¿Inocentes?
A la entrada al salón de audiencias, algunos de los imputados vociferaron que son inocentes y en seguida sus abogados dieron razones.
El abogado José Paula, representante de la imputada Cristina González, dijo que no hay pruebas suficientes para el Ministerio Público probar su acusación. También consideró que muchos de los del caso saldrán en libertad pura y simple.
En tanto que el abogado Carlos Novas, defensor de José Miguel Michel Guridi, dijo que este es un simple chofer de taxi en Bávaro y que lo contrataban porque habla diferentes idiomas. Aseguró que no es cierto que este tenga vehículos de alta gama como establece el Ministerio Público y que tampoco dispone de fondos para trasladar a las mujeres desde Colombia y Venezuela.
Carlos Novas asegura que el Ministerio Público no tiene pruebas para sustentar la acusación.
Los abogados aseguran que, además del anticipo de prueba, hay otras causas que podrían provocar el aplazamiento de la audiencia. Mencionaron que el expediente que, en principio tenía 122 páginas, fue aumentado a 400, y que los abogados necesitan tiempo para estudiar los nuevos elementos.
Además de que hay que unificar el expedite de Zafiro González Sánchez, con el de los primeros 16 apresados.
La red y los imputados
Los integrantes de la presunta red se dedicaban a traficar con mujeres colombianas y venezolanas para prostituirlas en contra de su voluntad en suelo dominicano. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los sometidos conformaban una organización criminal que utilizó el engaño como estrategia para lograr la captación de estas mujeres que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad (en estado de necesidad y pobreza).
Por este caso el Ministerio Público ha presentado cargos contra 16 personas: José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Oscar Wicene y Melvin José Valentín Peguero.
También contra Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos) y Braulio Manuel Lugo.
Periodista en ejercicio desde el 2014. Ha ejercido la profesión en los principales medios impresos de la República Dominicana. Escribe sobre casos judiciales, derechos humanos, criminalidad y otras problemáticas sociales.
Fuente: https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/2022/08/18/anticipo-de-pruebas-a-victimas-de-la-operacion-cattleya/2015522
