SANTO DOMINGO. -Suplidores del almuerzo y desayuno escolar protestaron frente a la sede del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para ratificar su denuncia sobre anomalías en la licitación de los comestibles y acusaron al director de esa dependencia, Víctor Castro, de mentirle al país sobre la pulcritud del proceso. Siguen protestas de suplidores del desayuno y el almuerzo escolar
Elizabeth Beriguete, portavoz de los denunciantes, señaló que no es posible que en 6 de 8 provincias analizadas a unos 28 oferentes les fueron adjudicados 65 lotes valorados en RD$1,608,707, sin considerar la capacidad instalada ni el número de empleados registrados en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Siguen protestas de suplidores del desayuno y el almuerzo escolar
Expresó que tampoco el INABIE tomó en cuenta las unidades de transporte a necesitar en la logística de preparación y distribución de las raciones alimenticias, ni la cantidad de oferentes habilitados que resultaron perjudicados de esas decisiones.
“En las provincias Santiago, San Cristóbal, La vega, Azua, La Altagracia, Puerto Plata y en las circunscripciones de Santo Domingo Norte y Oeste concursaron 902 oferentes por 461 lotes, un 49.62% de lotes menos que los adjudicados en el 2021 y un 23.18% menos de los suplidores en los periodos 2019-2021, causando la eliminación de 395 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) y 2,370 empleos creados al 2021”, precisó Beriguete. Siguen protestas de suplidores del desayuno y el almuerzo escolar
Sostuvo que en 8 provincias 460 lotes fueron adjudicados a 401 oferentes y uno quedó pendiente de adjudicar, resultado perjudicados 501 oferentes participantes, entre habilitados sin adjudicación, “descalificaciones improcedentes y descalificaciones justificadas”.
“Esto prueba que las evaluaciones técnicas y la distancia de los 10 kilómetros establecidos, fueron manipuladas y contaminadas al no disponer de pliegos bien elaborados, lotes bien conformados ni de criterios claros”, recalcó.
Durante la protesta, advirtió que “se trata de una franca violación a la ley 340-a 06, amparada por funcionarios con Decretos y la no decisión oportuna de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), debido a la lentitud en conocer las impugnaciones y denuncias de irregularidades, no podrán resolverse a tiempo los conflictos”.
