A pesar de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó recientemente a El Salvador que eliminara el Bitcoin como moneda de curso legal —debido a principalmente a su volatibilidad y falta de regulación— el gobierno del país centroamericano no parece tener intenciones de hacerlo.
En un informe de más de 100 páginas en las que el FMI analiza la economía salvadoreña, se indicó la semana pasada que los directores de esa institución “subrayaron que hay grandes riesgos asociados al uso de Bitcoin para la estabilidad financiera, la integridad financiera y la protección del consumidor, así como las posibles contingencias fiscales”, por lo que instaron a las autoridades “a limitar el alcance de la ley Bitcoin eliminando su calidad de moneda de curso legal. Algunos directores también manifestaron su preocupación sobre los riesgos asociados a la emisión de bonos respaldados por Bitcoin”.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo el lunes a una televisora local que el organismo no pidió la eliminación de la criptomoneda y añadió que “ningún organismo multilateral te va a obligar a hacer nada, absolutamente nada. Los Estados son Estados soberanos y toman decisiones soberanas sobre sus políticas públicas”.
Aunque no dio detalles, Zelaya aseguró que El Salvador cumple con todos los filtros para evitar los riesgos que indica el FMI y afirmó que han sostenido conversaciones con ese ente y con otros organismos multilaterales para mostrarles la metodología bajo la cual funciona el sistema cripto “y creo que todos ellos han quedado totalmente convencidos”.
Según añadió, el gobierno utiliza cuentas basadas en bancos en Estados Unidos y se están verificando tanto los flujos financieros como el cumplimiento de todos los requisitos de filtros para que no existan financiamientos de actividades ilícitas u otros tipos de ilícitos en los flujos de efectivos.
