SANTO DOMINGO. -El jurista Namphi Rodríguez ponderó que para cumplir con el mandato de la sentencia TC/0075/16 del Tribunal Constitucional (TC), la reforma de la Ley 6132, de Expresión y Difusión y del Pensamiento, debe observar los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre libertad de expresión.
El académico dijo que la reforma de la Ley de Prensa es urgente, puesto que sólo el TC ha emitido más de seis sentencias que modifican la legislación nacional, por lo que hay que compatibilizar la norma con los precedentes del máximo intérprete de la Constitución y con la jurisprudencia de la CIDH.
“No ha sido sólo la sentencia TC/0075/16, sino también, sentencias como las TC/0092/19, TC/0348/19, TC/0045/13, TC/0286/13 y TC/0437/16, entre otras, las que han definido un nuevo marco de la libertad de expresión en República Dominicana”, dijo Rodríguez, quien consideró que, sin embargo, quedan vacíos legislativos y falta de armonización, que deben ser suplidos por una ley orgánica consensuada por el presidente Luis Abinader con los actores políticos y de la sociedad civil.
En tal sentido, urgió al presidente Abinader a incluir en su agenda de reformas legislativas la actualización y modernización de la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, para compatibilizarla con las sentencias dictadas en esa materia por el Tribunal Constitucional.
Sugirió la conformación de una comisión especial de expertos en libertad de expresión y Derecho Constitucional que trabaje con los representantes de los medios de comunicación, las redes sociales y el sector empresarial en la elaboración de un proyecto de ley común que sea sometido al Congreso ya consensuado.
“Todas estas sentencias crean un nuevo marco jurídico de la libertad de expresión en República Dominicana, hay que compatibilizarlas con las ley y otras normas sectoriales”, dijo Rodríguez al considerar que la reforma tendrá que poner a la vista precedentes interamericanos de libertad de expresión como el del periodista Mauricio Herrera Ulloa, que consideró que las penas de privación de libertad por delitos de palabra afectan a la prensa.
Dijo que el tribunal ha trazado las pautas de la reforma no sólo en los medios convencionales, sino también en las redes sociales, puesto que en su jurisprudencia hay por lo menos tres sentencias que tocan el tema de las nuevas plataformas digitales.
“El TC ha coincidido con la doctrina jurisprudencial interamericana en que la libertad de expresión en redes sociales tiene las mismas garantías y límites que en los medios convencionales, lo cual es importante para definir el marco jurídico de las nuevas plataformas digitales”, concluyó.
