SANTIAGO. -La Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Fiscalía de aquí solicitarán prisión preventiva, como medida de coerción, contra el cabecilla de una red criminal que estafó al Estado con más de 18.4 millones de pesos, en perjuicio de miles de beneficiarios de los programas de subsidios sociales “Comer es Primero” y “Quédate en Casa”.
Mediante una investigación que se extendió por varios meses, encabezada por Iván Vladimir Féliz Vargas y los fiscales Johann Newton López y Adolfo Díaz, adscritos al Departamento de Falsificaciones e Investigaciones Especiales de la Fiscalía de Santiago, el Ministerio Público logró desarticular la red que, suplantando la identidad de miles de personas, sustrajo los fondos de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) mediante duplicados (clonación) de las tarjetas electrónicas.
Se trata, explicó la Fiscalía, de una mafia que operaba desde el Colmado Moronta, propiedad del imputado José Antonio Santana Moronta, quien se valió de ser parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS) para cometer la estafa por RD$18,445,182.66, en perjuicio del Estado y de miles de beneficiarios de los programas sociales.
Los fiscales actuantes, acompañados por miembros del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), de la Policía Nacional, allanaron el establecimiento del detenido en la comunidad Platanal Adentro, en el distrito municipal La Canela, en Santiago, ocupando en su poder más de 1,500 comprobantes de transacciones a nombre del Colmado Moronta, por concepto de los subsidios sustraídos a los beneficiarios.
También ocuparon un verifone, un DVR, un mini printer y cinco celulares de distintas marcas.
Las operaciones fraudulentas se realizaban, en su mayoría, en horas de la noche y la madrugada, lo que generó una alerta en la institución financiera que identificó desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2020, la cantidad de 58,738 transacciones sospechosas.
El imputado retiró de manera fraudulenta los fondos, perjudicando con estos hechos a personas de escasos recursos, en su mayoría con más de 65 años de edad, que recibirían estos recursos para aliviar la carga económica generada por el impacto de la pandemia de la COVID-19, en momento en que las autoridades tuvieron que imponer restricciones a la movilidad y a las actividades económicas.
