Un agente antinarcóticos estadounidense que solía ser ejemplar y que se valió de su puesto para darse una vida de lujo con automóviles caros, fiestas en yates y joyería de Tiffany fue sentenciado el jueves a más de 12 años en una cárcel de Estados Unidos por asociación delictuosa con un cártel colombiano para lavar dinero.
José Irizarry reconoció sus delitos, pero culpó a excolegas de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) de promover una cultura de corrupción que lo insensibilizó a las implicaciones de infringir la ley.
“Cuando mi cliente ingresó a la DEA fue entrenado en cómo ser corrupto, fue entrenado en cómo infringir la ley”, declaró su abogada María Domínguez. “En este universo alterno se volvió más fácil y menos sospechoso aceptar dinero y regalos” de parte de informantes criminales que trabajaban con la agencia antinarcóticos.
Al dictar su sentencia, la jueza de distrito Charlene Honeywell expresó su disgusto con la DEA por sus deficiencias, y dijo que otros agentes corrompidos por “el atractivo del dinero fácil” también debían ser investigados.
“Esto tiene que terminar”, declaró la jueza. “A usted le tocó ser descubierto, pero para este tribunal es evidente que hay más personas”.
La DEA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Los fiscales han descrito los delitos de Irizarry como una “escandalosa ruptura de la confianza del público”.
Las acusaciones en contra de Irizarry ponen de manifiesto la deficiente supervisión que recibió durante su carrera, en la que se le encomendó rastrear el uso por parte del gobierno de empresas fantasma, cuentas bancarias ficticias y mensajeros para combatir el narcotráfico internacional.
El caso genera interrogantes sobre si sus excolegas en la oficina de campo de Miami, donde Irizarry inició su actividad delictiva, también se valieron de sus puestos al tratar con los informantes secretos, que cada año mueven decenas de millones de dólares en dinero ilícito bajo la supervisión de la DEA.
En documentos presentados ante la corte, Domínguez reveló que, desde el arresto de Irizarry el año pasado, se ha reunido con los fiscales durante “horas interminables” para proporcionar información sobre las actividades ilegales de “colegas agentes policiales que lo iniciaron en la vida delictiva”.
Hace poco Honeywell selló los documentos “sensibles” interpuestos en el caso penal, alegando que su divulgación podría obstaculizar una investigación en curso, provocar que los personajes sospechosos se den a la fuga y dificultar la cooperación de otros testigos.
Hasta ahora, salvo la esposa de Irizarry, Nathalia Gómez Irizarry, y un trabajador de aduanas colombiano, nadie más ha sido acusado en el caso.
El inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos criticó a la DEA en un informe por no haber supervisado adecuadamente lo que se supone son operaciones monitoreadas estrictamente como en las que trabajó Irizarry.
A raíz de la crítica, efectuada tras una serie de escándalos relacionados con agentes en el extranjero, Anne Milgram, la nueva administradora de la DEA, ordenó una revisión externa de las operaciones de la agencia en el extranjero, la cual está en curso.
