Las empresas distribuidoras de electricidad (Edes) podrían ser operadas y gestionadas por el sector privado mediante una alianza público-privada, según dio a conocer ayer el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP), Sigmund Freund, durante el Desayuno de Listín Diario.
El funcionario explicó que ya el Gobierno recibió formalmente una propuesta de alianza público-privada para que las Edes sean administradas por el sector privado, un proyecto sobre el que se ha trabajado durante los últimos meses para Edenorte, Edesur y Edeeste.
Freund agregó que este plan se ha discutido con firmas internacionales, tales con el Consejo Unificado de las Edes y con el Gabinete Eléctrico. Aclaró que no se trata de privatizar las edes, sino de capitalizarlas. El Estado no venderá sus activos, sino que el sector privado se encargará de la gestión de las distribuidoras y de ejecutar un plan de inversión que conllevará cerca de US$1,600 millones en los próximos seis a siete años.
Con estos recursos, destacó Freund, el sector privado deberá encargarse de mejor las infraestructuras eléctricas, las líneas de las subestaciones, el sistema de comercialización y la eficienciación del sistema energético nacional.
“Estamos poniendo en manos del sector privado la gestión. Además, el pacto eléctrico nos dirige a esto porque el Estado invierte US$1,000 millones y las pérdidas en las distribuidoras no bajan, porque no hay una gestión eficiente, la inversión requerida no se ha hecho en los últimos años y no existe una comercialización total porque hay muchas personas que no pagan la luz”, enfatizó el titular de la DGAPP en el encuentro encabezado por el presidente de Editora Listín Diario, Manuel Corripio; el director de Listín, Miguel Franjul, y la editora de la sección de Economía, Cándida Acosta.
Freund informó que con este proyecto se trabajaría en un subsidio focalizado y no general, a través de la tarjeta de Solidaridad u otro mecanismo, citando de ejemplo que si a una persona se le subsidiarán 150 megas de electricidad todos los meses, si consume más de lo estipulado deberá pagar a partir de ahí, un modelo que funciona en varios países.
Enfatizó que mediante esta alianza público-privada el Estado se desprendería de esos US$1,000 millones que debe destinar a las Edes y puede invertirlos en la construcción de otras obras.
También, señaló que el plan busca que el gobierno se quite esa carga y que se mejoren todos los sistemas de electricidad.
En el Desayuno de Listín, Freund estuvo acompañado del subdirector técnico de la DGAPP, Eliardo Cairo; el subdirector de Gestión y Supervisión de Contratos, Alan Jiménez, y la directora de Comunicaciones, Elaine Nivar.
Garantías Mobiliarias
Además, Freund habló sobre otro proyecto de alianza público-privada que “va a revolucionar la economía dominicana”, ya que la ley 45-20 establece que el registro de garantías mobiliarias debe crearse.
Al respecto, puntualizó que Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM) va a regular la compra de vehículos, de acciones y otros bienes mobiliarios, ya que no existe un registro que dé seguridad jurídica al que compra y vende y oponibilidad a los terceros.
“Yo compro un vehículo y a menos que yo vaya a Impuestos Internos yo no sé si hay una oposición por algún tipo bancario, igual que los préstamos comerciales y de pymes en base a su inventario y es por eso que la ley ordena la creación del sistema, el cual es parecido al inmobiliario, en que un operador privado maneja la infraestructura para que todo el mundo pueda registrar las operaciones comerciales y todo el mundo tenga acceso”, explicó Freund.
Comentó que el software estaría instalado para finales del próximo año y que ya se está licitando.
El proyecto requerirá una inversión aproximada de US$329,000 y deberá ser asumida, en su totalidad, por el agente privado acorde a lo que se establezca en el contrato de la alianza público privada que se suscriba al respecto. Dicho contrato permitiría al Estado recibir flujos superiores a los US$88 millones, en el marco de los 15 años de vigencia que tendría.
Esta iniciativa, que ya empezó su proceso competitivo de adjudicación (la primera APP de iniciativa pública en ser licitada), busca que una entidad privada desarrolle e implemente el software especializado sobre el que se sustente el SEGM, el cual deberá contar con las más estrictas medidas de seguridad que caracterizan a este tipo de sistemas a nivel internacional.
La Ley 45-20 sobre Garantías Mobiliarias define el marco jurídico para el régimen de garantías mobiliarias en el país, sustentado en una plataforma electrónica a través de la cual se harán públicos los avisos que contienen la constitución, modificación, cancelación y ejecución de las mismas.
