SANTO DOMINGO. -El Programa de Medicamentos Esenciales y Central del Apoyo Logístico (Promese) asumió la gestión de almacenamiento y las operaciones logísticas de los medicamentos para tratar el VIH que cubre el Ministerio de Salud Pública de los fondos asignados por el Gobierno.
De acuerdo con un comunicado de prensa de la entidad, con el traspaso el Estado se ahorrará 14.4 millones de pesos al año.
Esta nueva responsabilidad de Promese/Cal se hizo con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El Ministerio de Salud Pública seguirá adquiriendo los medicamentos, pero una vez lleguen al país, Promese/Cal se encargará del traslado a sus almacenes para posteriormente distribuirlos a las regionales de Salud.
Daniel Rivera, ministro de Salud Pública, destacó que el presupuesto de este año para la compra de estos medicamentos ascendió a 16.4 millones de dólares, aunque no se ofrecieron detalles sobre el dinero en años anteriores.
El funcionario explicó que el proceso de traspaso se realizó entre los meses de marzo y julio de este año, en cumplimiento del decreto 113-21 que asigna a Promese/Cal la responsabilidad de adquirir y gestionar la logística de los medicamentos e insumos del Sistema Nacional de Salud.
El director interino de Usaid en la República Dominicana, David Billings, dijo estar satisfecho con los resultados de la asistencia que brindó la entidad para la transferencia del almacenamiento de los medicamentos.
“Durante los últimos 17 años, el almacenamiento de los productos de VIH se hacía mediante contratos con proveedores privados, por lo que, haber logrado que Promese/Cal, como instancia del Estado dominicano, asuma la responsabilidad de gestionar y almacenar los medicamentos antirretrovirales y otros insumos, es un importante aporte a la sostenibilidad del país en el ámbito de la salud”, subrayó Billings.
Adolfo Pérez, director de Promese/Cal, aseguró que las operaciones de recepción de los medicamentos del VIH representan apenas el 2 % de la capacidad instalada de la institución que dirige, y el despacho, menos del 1 %.
