Bajo cargos de corrupción por distracción de fondos públicos se encuentra detenido desde ayer el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien encabeza un grupo de 18 implicados en distintas tramas dolosas durante su gestión frente a la Procuraduría General de la República, y cuya investigación ha sido bautizada como “Operación Medusa”.
Según lo especificado en la orden judicial de allanamiento 0046, emitida el lunes por la jueza coordinadora interina de los Juz- gados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero Severino, el exfuncionario habría distraído de manera ilegal la suma de RD$34,522,364.30 a través de una alegada alteración de un contrato de Acuerdo de Custodia y Ocupación de Bien Inmueble sobre una casa decomisada en 2008 en el caso por narcotráfico en contra de Quirino Ernesto Paulino Castillo.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por Wilson Camacho, también lo señala dentro del entramado en que se pagaron RD$18,440,800 por servicios de talleres de capacitación de personal que, de acuerdo con el Ministerio Público, no cuentan con aval de que hayan sido realizados en las fechas consignadas.
El documento que avaló los allanamientos realizados la noche del lunes, que fueron solicitados por la Pepca en una instancia recibida en el despacho de la magistrada Romero Severino a las 11:40 de la mañana de ese día, detalla que el 13 de agosto de 2020, tres días antes de que Rodríguez cesara en sus funciones “se coalicionó junto a los funcionarios de la Procuraduría General la República, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert (exdirector administrativo financiero) y Alejandro Martín Rosa Llanes, exdirector de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados -ambos implicados en la investigación- para emitir de manera ilegal el cheque No. 001239 (…) desde la cuenta especializada de Lavado de Activos de la PGR” por un valor de RD$34,522,364.30 a favor de la empresa Fire Control Systems, que tenía la custodia y ocupación del inmueble incautado a Quirino Paulino en 2008.
Sostiene la información acusatoria que la ilegalidad de este pago radica en que se hizo bajo la “supresión y suplantación” del contrato original suscrito con la empresa el 31 de octubre de 2019, vigente hasta octubre de 2023, luego de alegadamente suprimir y agregar cláusulas en las que “insertaron informaciones falsas”.
Asegura la Pepca que cambiaron el objeto del contrato, que establecía la custodia “sólo para fines de y uso exclusivo de vivienda”, sustentados en varios documentos, entre ellos una comunicación del 5 de marzo de 2020 en que se solicitaba la entrega del inmueble, ubicado en el sector Bella Vista, antes del 5 de abril de ese año para ser “puesto en venta mediante pública subasta, cosa que nunca ocurrió” y la solicitud de Fire Control Systems, representado por Héctor Antonio Germán Doñé, del pago de los RD$34,522,364.30 por remodelación del inmueble.
Estos procesos, según la Pepca, se hicieron con la aprobación del debido proceso avalado por la firma de Rodríguez.
Otro alegado entramado dentro de la Procuraduría General en el que es mencionado Jean Alain Rodríguez es la autorización de pagos, por medio de cheques y transferencias, de talleres de capacitación para personal del Ministerio Público que carecen de constancia de haber sido realizados o impartidos, por RD$18,440,800.
Según lo argumentado por la Pepca, se suscribieron cuatro contratos -tres de ellos por un monto de RD$3,728,400 y uno por RD$4,770,000- entre 2018 y 2020 con la entidad Desarrollo, Individuo y Organización (DIO SRL), representada por Miguel José Moya. Estos contratos contaban con informes sin firma y como anexos un listado de presencia que “de acuerdo a informaciones preliminares corresponden a otras capacitaciones” e “incluye personal que refiere no haber participado en las mismas”.
También que el firmado el 6 de febrero de 2019, y pagado en marzo de ese año, fue pagado “sin ningún tipo de soporte sobre las fechas en que fueron impartidos los talleres o el personal que asistió”.
