El artículo No. 2 de la Ley 311/14 establece cuales servidores públicos, elegidos o designados, están obligados a realizar la Declaración Jurada de Patrimonio en el plazo de 30 días de su designación o de la toma de posesión. Las posiciones están definidas, pero su número puede variar. El análisis del informe final que se refiere a los poderes Legislativo, Judicial, Municipal y al Poder ejecutivo nos ayuda a responder ¿Cuál ha sido el proceso desde el Poder Ejecutivo?
La Cámara de Cuentas señala a 393 servidores públicos de la pasada administración que no han realizado la DJP y suma a 65 designados a partir del 16/8/20 y 6 declaraciones recientes. Sumando las tres categorías, los señalados con la obligación de hacer la Declaración Jurada de Patrimonio por designación del Poder Ejecutivo son 464.
Redes sociales, prensa escrita, legisladores y algún partido político han denunciado que cuatro mil servidores públicos han inobservado la Ley 311/14. La cifra es aproximada. Creemos que para trasformar esos resultados es quizás necesario focalizar y trabajar.
Comunicación de la DIGEIG a las 23 oficinas donde están ubicados los 48 funcionarios señalados según informe del 31/3/21 por la Cámara de Cuentas.
Resultados: Cumplimiento de la 311/14 por los 47 funcionarios y seguimiento a 11 cónsules y al director pendientes de posesión. El Poder Ejecutivo hizo su tarea.
Pero comprometidos con la institucionalidad, a pesar de que 145 alcaldes de 158 municipios hicieron la Declaración Jurada de Patrimonio, la denuncia parece referirse a cerca de 3,400 del Poder Municipal, (regidores, directores, vocales y vicealcaldesas) y los 393, que incumplieron esa obligación al cesar sus funciones.
La República Dominicana está comprometida con el avance democrático en todo el territorio y tiene la obligación de actuar por el avance institucional de la municipalidad. Bajo la coordinación del Ministerio de Administración Pública se ha retomado el programa SISMAP, abandonado por años, y junto a la Liga Municipal, Fedomu, Fedomin, La Contraloría de la República, La Dirección de Contrataciones Públicas, La Direccion de Ética e Integridad Gubernamental, la Comunidad Europea y, para el caso, la Cámara de Cuentas, trabajamos para construir transparencia. Quedarse atrás no será desmérito de esta administración. Con hechos irrefutables, avanzamos.
