SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogado de la República Dominicana (CARD) calificó el 2020 como trágico para la justicia dominicana por el cierre de los tribunales por el Covid 19 y el retraso injustificado en la apertura de los mismos, lo que provocó graves consecuencias a los servidores del sistema como los abogados, cuyos casos y economía resultaron altamente afectadas por esta situación.
El CARD informó que la actual circunstancia también resultó muy perjudicial para miles de usuarios del sistema judicial, que no pudieron tener acceso a la justicia, sufrieron la dilación de sus procesos y en ocasiones solo pudieron recibir servicios judiciales lentos, ineficaces y virtuales, en la mayoría de las ocasiones sin contar las herramientas tecnológicas para utilizar el mismo.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, indicó que lo grave de la situación es que la mayoría de los tribunales del país continúan actualmente cerrados de forma ilegal y abusiva por disposición de Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia.
“Es evidente que el sistema judicial dominicano tuvo más sombras que luces en el 2020, otros de los problemas que enfrentamos es el desmantelamiento de toda la estructura de administración de justicia, que lo conformaban servidores judiciales formados en los ultimos 25 años de reforma judicial, para ser sustituidos por activistas políticos al servicio de Luis Henry Molina, y su tendencia dentro del PLD encabezada por el ex presidente Danilo Medina Sánchez”, expresó Surun Hernández.
Agregó que el actual titular de la Suprema Corte de Justicia además está destruyendo el sistema secretarial de depósito de demandas y documentos, establecidos en la Ley 821 de Organización Judicial, tornando la justicia infuncional, con lo cual pretende crear un caos para desestabilizar el sistema jurídico nacional, la economía y la paz social.
El CARD lamentó que se mantenga el cierre de la mayoría de los tribunales en desacato a una disposición del Consejo del Poder Judicial y de dos Sentencias del Tribunal Superior Administrativo y Constitucional de Amparo.
