Salir del gobierno ha abierto una ruta hacia los tribunales para funcionarios de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), organizaciones políticas que han gobernado en la República Dominicana en los últimos 20 años y que tras agotar sus gestiones ha sido acusados de corrupción.
El PLD, tras agotar su primer gobierno presidido por Leonel Fernández, en el 1996-2000, tocó las puertas de los tribunales y de la cárcel, al ser involucrado un grupo de exfuncionarios en el denominado caso del Programa Eventual Mínimo de Empleos (Peme).
Se trató de Diandino Peña, Haivanjoe Ng Cortiñas, Simón Lizardo, Luis Incháusti, Noé Camacho, Grecia Peguero y León Antonio López Mata, imputados en un supuesto desfalco contra el Estado por RD$1,438 millones. El grupo fue procesado en el gobierno del entonces perredeísta Hipólito Mejía.
El caso se ventiló por varios años en los tribunales, pero en febrero de 2007, en el segundo período de Fernández, la Fiscalía del Distrito Nacional retiró la acusación contra Peña, Lizardo, Ng Cortiñas y Camacho Ovalle. La mantuvo para Inchausti, Peguero y López Mata, y meses más tarde la retiró.
En consecuencia, el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró la absolución por el retiro de la acusación de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Al retornar el PLD al gobierno en el 2004, les tocó el turno a exfuncionarios del PRD de visitar los tribunales e ir a la cárcel por el caso el Plan Renove que involucró una alegada malversación en perjuicio del Estado por RD$1,800 millones. El Plan Renove fue un programa aplicado durante el gobierno de Hipólito Mejía destinado a importar miles de vehículos livianos y pesados, para el transporte público de pasajeros y de cargas.
El proceso se llevó a cabo en contra de: Antonio Marte, Pedro Franco Badía, Fabio Ruiz Rosado, Siquió Ng de la Rosa, Milcíades Amaro Guzmán, Francisco Antonio Pérez, Diógenes de la Cruz Castillo, Juan Julio (Johnny) Morales, Shlomo Ben-Tov (Sam Goodson) declarado prófugo y Gervasio de la Rosa.
También Blas Peralta, Antonio Reynoso (Padre Toño), Freddy William Méndez y Alfredo Pulinario. El caso se debatió por varios meses en la justicia y en octubre 2005 fueron sentenciados.
En marzo del 2008, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó sentencias a: Fabio Ruiz, 4 años de prisión y RD$10 millones; Amaro Guzmán, 3 años de cárcel y RD$5 millones; Marte: 3 años y RD$8 millones; Franco Badía (fallecido), 3 años y RD$15 millones; De la Rosa, 2 años y RD$3 millones; Peralta 6 meses y RD$2 millones; Reynoso: 2 años de prisión (todos ellos a Najayo).
Mientras a Pulinario Linares (Cambita): 6 meses prisión domiciliaria; Pérez: 6 meses prisión domiciliaria y Freddy Méndez: 6 meses, prisión domiciliaria y RD$1 millón. Fueron descargados: Ramón Emilio Jiménez hijo, Siquió Ng de la Rosa, Johnny Morales y Diógenes Castillo.
En diciembre de ese año 2008, el presidente Fernández indultó a Franco Badía; así como a los sindicalistas Marte Familia (Antonio Marte), Amaro Guzmán y De la Rosa.
El panorama se repite este año 2020 durante el gobierno perremeísta de Luis Abinader, con la “Operación Antipulpo”, donde figuran entre los implicados dos hermanos del expresidente Danilo Medina.
En el caso de alegado desfalco contra el Estado figuran como imputados, Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del exmandatario; Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa.
También el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; Rafael Antonio Germosén Andújar, Aquiles Alejandro y Wacal Méndez Pichardo.
Al grupo de exfuncionarios, así como de proveedores del Estado, el Ministerio Público les atribuye aprovechar vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante el pasado período de gobierno.
