SANTO DOMINGO. -El presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Luis Miguel De Camps, aseguró que en el gobierno de Luis Abinader, a partir del 16 de agosto de este año, el país tomará los senderos de la justicia social, la pulcritud en el uso de los recursos públicos, el crecimiento económico y el respeto a la institucionalidad y las leyes.
En consecuencia, pidió a la población que acuda masivamente a las urnas el 5 de julio, para que Abinader, candidato presidencial del PRSD y otras fuerzas políticas, se alce con el triunfo en una primera vuelta electoral.
Indicó que ese candidato está comprometido a hacer los cambios en la política económica y social del país, para elevar los niveles de vida de la clase trabajadores y fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas con mejores condiciones para operar, a partir del apoyo del Estado, como la flexibilización tributaria.
El presidente del PRSD aseguró que en el próximo cuatrienio habrá reglas de juego claras y estables lo que impactará positivamente en el comercio, la industria, las inversiones extranjeras y la agropecuaria nacional, desapareciendo así las quiebras de productores por la falta de protección del gobierno.
“Desaparecerá la corrupción administrativa dirigida, la impunidad y los negocios turbios que ahora se realizan desde el Gobierno, en perjuicio de los trabajadores, productores nacionales y de los inversionistas”, afirmó, tras señalar que medidas como esa provocarán un aumento de la productividad y, como consecuencia, una baja en los precios de los bienes y servicios.
Manifestó que sus planteamientos no son un invento, sino que están contenidos en el programa de gobierno de Luis Abinader, quien, como la mayoría de los dominicanos, está interesado en que el progreso y la institucionalidad del país.
Recordó que Luis Abinader se comprometió a institucionalizar el Estado comenzando por la independencia política del Ministerio Público, por lo que despojará de sus cargos a los miembros de los comités de compras y contrataciones de las instituciones del Estado que incurran en actos de corrupción, para que sean procesados debidamente y paguen las consecuencias.
