SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República dijo que en el caso de Víctor Díaz Rúa no era necesario interrogar a los delatores de Odebrecht, pues los resultados de la exhaustiva investigación realizada en el país, como son las transacciones, que permitieron seguir el rastro del dinero recibido por los sobornos, y las declaraciones y las pruebas aportadas por los delatores ante las autoridades de Brasil, son suficientes, abundantes y contundentes.
En tal sentido, expresó que el Ministerio Público pidió autorización al juez de la Instrucción como resguardo, por si la información suministrada por Odebrecht no le era suficiente o necesitaba más información, pero una vez inició las investigaciones en el país, pudo comprobar que sí eran suficientes y las pruebas aportadas en la acusación así lo demuestran.
En un comunicado de prensa, la Procuraduría General destaca las delaciones premiadas de los delatores de Odebrecht, quienes ante un tribunal en Brasil detallaron bajo juramento y ampliamente cómo realizaron los sobornos en el país y a quiénes sobornaron, y depositaron pruebas que avalan dichas declaraciones, como es el caso de las declaraciones del exgerente de la Constructora Norberto Odebrecht, Marco Vasconcelos Cruz, quien declaró que mientras Víctor Díaz Rúa se desempeñaba como ministro de Obras Públicas, le exigió que para que Odebrecht continuara los trabajos de la Autopista del Coral en el país, debía utilizar como abogado de la obra al señor Conrado Pittaluga (abogado y testaferro de Víctor Díaz Rúa), y que debía pagarle el 1.25% del valor de dicha obra, siendo esta una solicitud de soborno claramente evidenciada.
Resaltó que, además de las declaraciones del delator Marco Vasconcelos, están las declaraciones de un segundo delator, el señor Luis Eduardo Da Rocha Suarez, quien declaró bajo juramento que el ingeniero Díaz Rúa viajó a Antigua y creó la empresa NewPort Consulting, para la colocación de esos fondos ilícitos, que ascendieron a 6,629,080.00 millones de dólares por falsos contratos de servicios a través de esa recién creada compañía.
Indicó el órgano persecutor que dichas declaraciones fueron comprobadas y complementadas mediante la entrega de 7 transferencias a NewPort Consulting aportadas por la propia compañía Odebrecht, quien demostró haberlas realizado durante los meses de junio, julio y agosto del 2011, y en agosto del 2012, siendo estas pruebas perfectas de que el dinero se entregó.
Señala la institución que, durante el proceso judicial, los fiscales a cargo del caso Odebrecht, realizando una profunda investigación, también demostraron que el imputado Víctor Díaz Rúa creó toda una estructura para el lavado del dinero producto de los sobornos mientras ejercía las funciones de ministro de Obras Públicas, utilizando como testaferros a su abogado Conrado Pittaluga y a su yerno Leonardo Guzmán Font-Bernard quienes recibieron además los citados fondos en sus cuentas en Antigua en la compañía creada a esos fines por Víctor Díaz.
El Ministerio Público pudo comprobar además que el dinero del soborno no solo se le entregó en la forma y cantidad exigida por Víctor Díaz en manos del imputado Conrado Pittaluga Nivar y su yerno Leonardo Guzmán Font-Bernard, sino que además lograron demostrar y reposa en el expediente, la evidencia de una transferencia de esa misma cuenta del soborno en Antigua de 400 mil dólares enviada por Conrado Pittaluga a la empresa INDOEQUIPESA, propiedad del testaferro Leonardo Font-Bernard, yerno de Díaz Rúa, mediante falsos contratos de inversión, invirtiendo luego, ese dinero, en la Constructora Solaris propiedad del mismo Víctor Díaz Rúa, quien le devuelve a Conrado Pittaluga 3 apartamentos.
Por igual y como parte de las evidencias contundentes entregadas por la empresa Odebrecht y las autoridades de Estados Unidos y Brasil gracias al Acuerdo de Cooperación, en el expediente reposa la evidencia de la adquisición con parte de los citados US$6,629,080.00 de soborno, del yate Pershing 2011, de 60 pies, valorado nuevo en 5 millones de dólares por el yerno de Víctor Díaz, Leonardo Guzmán, yate éste que es propiedad real del imputado Víctor Díaz conforme reposan las evidencias en el expediente.
Los fiscales a cargo del caso consideran que se trata de un circulo de soborno y lavado bien estructurado, donde nace el soborno en manos de Víctor Díaz, quien trata de disimular en manos de su abogado y yerno y vuelve finalmente a sus manos en dinero y un yate, permaneciendo el resto del dinero bajo el control del imputado Víctor Díaz.
De igual manera y como punto adicional, el Ministerio Público demostró el enriquecimiento ilícito del imputado Víctor Díaz Rúa, cual consta en el expediente acusatorio, en el que se estableció que en el año 2004, en su primera declaración jurada de bienes, el mismo Víctor Díaz declaró un patrimonio neto de RD$63 millones 532 mil 898 pesos, sin embargo, cuatro años más tarde, en su declaración jurada de bienes declaró un patrimonio neto de RD$350 millones 550 mil 168 pesos, equivalente a un incremento de un 552% de su patrimonio en tan solo cuatro años.
La institución señala que en adición y durante las pesquisas realizadas en dicha investigación, el Ministerio Público también pudo comprobar un incremento exorbitante en el uso de las tarjetas de crédito, ya que en el año 2005 había hecho transacciones por RD$113 mil 21 pesos con 73 centavos, y en el 2011 según los reportes de las tarjetas, éste había realizado transacciones por RD$20 millones 484 mil 712 pesos con 75 centavos.
En ese mismo orden, el Ministerio Público presentó el flujo y manejo de las cuentas bancarias personales del imputado Víctor Díaz, excluyendo las cuentas de campañas electorales presentando las mismas movimientos de miles de millones de pesos que simplemente no puede justificar. Por igual, el Ministerio Público ha podido demostrar la compra de decenas de bienes inmuebles con el propósito de lavar activos, como es el caso del apartamento No. 13 en la torre Caney, entre otros, valorados en cientos de millones de pesos.
En un comunicado de prensa, la institución resalta el trabajo realizado por los fiscales a cargo de este caso, definiéndolo como un caso perfectamente bien instrumentado, con suficientes pruebas materiales, documentales y testimoniales que permitieron al Ministerio Público descubrir la estructura creada por el imputado Víctor Díaz Rúa para recibir y lavar dinero proveniente de los sobornos que la empresa Odebrecht admitió que pagó a dicho imputado.
