SANTO DOMINGO.-La doctora Milagros Ortiz Bosch advirtió que la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández incurre en un error al pretender ejercer simultáneamente la doble condición de funcionaria pública y candidata vicepresidencial de su partido en violación de la Ley de Administración Pública, la Ley de Partidos y la Ley del Régimen Electoral.
Recordó que la Ley 41-08 de la Función Pública es muy clara en su artículo 80, numeral 13, al prohibir a los funcionarios públicos servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución.
Citó también el artículo 25 de la Ley Num. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos que “prohíbe a todo funcionario o empleado del Estado o de los municipios poner a disposición de cualquier partido, agrupación o movimiento político o de cualquier candidato el uso en cualquier forma y de cualquier título, de bienes o fondos provenientes de las entidades públicas”.
Igualmente resaltó el mandato de la Ley Orgánica del Régimen Electoral Num. 15-19, en su artículo 196 que establece que “Los funcionarios públicos que administran recursos del Estado, no podrán prevalerse de su cargo, para desde él realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato”.
La ex vicepresidenta de la República dijo que los políticos y las autoridades de la nación deben predicar con el ejemplo, especialmente cuando hablan de valores, recordando que cuando ella decidió presentarse como aspirante a la candidatura presidencial del PRD para las elecciones del 2004 solicitó y obtuvo una licenciada de su cargo como secretaria de Educación, delegando la función en el subsecretario Ángel Hernández.
Ortiz Bosch se refirió a la reciente declaración de la segunda mandataria en el sentido de que “en la actual circunstancia en que se encuentra el país por la pandemia del coronavirus, sería una irresponsabilidad suya tomar licencia como directora del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales del Gobierno, como han pedido algunos sectores”.
Se extrañó de que la doctora Cedeño de Fernández no tenga en cuenta la advertencia hecha el 23 de septiembre pasado por el presidente de la Junta Central Electoral, Julio Cesar Castaños, cuando señaló que “si se comprueba que un funcionario público ha usado recursos violando la Ley 33-18 se abrirá para ellos un expediente judicializable”.
