El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), Tito Hernández, advirtió que una eventual derogación del Decreto 693-24, solicitada por estados unidos, podría colocar bajo presión a la producción arrocera nacional y reabrir un debate pendiente sobre la preparación del país frente a la apertura del mercado establecida en el DR-CAFTA.
Hernández sostiene que la república dominicana tuvo cerca de dos décadas para preparar al sector arrocero ante la apertura comercial, mediante la modernización del riego, reducción de costos, renovación de variedades, fortalecimiento de la investigación, mecanización y ampliación del financiamiento.
A su juicio, esa transformación no se produjo al ritmo necesario, por lo que considera que los productores no deberían cargar ahora con las consecuencias de una falta de preparación acumulada durante distintas administraciones.
El dirigente agropecuario advierte que la discusión trasciende la eliminación de un decreto, debido a que una mayor entrada de arroz estadounidense colocaría a los productores dominicanos frente a una agricultura de mayor escala y con elevados niveles de tecnificación.
Hernández estima que el escenario podría afectar a unos 30,000 productores, entre 1.3 y 1.5 millones de tareas cultivadas, una producción aproximada de 14.8 millones de quintales y una cadena económica que, según sus cifras, moviliza más de RD$45,000 millones anuales.
ADVIERTE SOBRE IMPACTO EN PRODUCTORES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
El presidente de la ANPA plantea que una apertura acelerada podría generar presión sobre los precios recibidos por los productores, acumulación de cosechas, aumento del endeudamiento y reducción de las áreas destinadas al cultivo de arroz.
También advierte sobre posibles efectos en factorías, empleos y otras actividades vinculadas a la cadena productiva.
Uno de los principales argumentos de Hernández es que el arroz no debe analizarse únicamente como una mercancía, sino también desde la perspectiva de la seguridad alimentaria y la capacidad del país para producir uno de los alimentos esenciales de su población.
Aunque reconoce que algunos podrían esperar una reducción de precios al consumidor como consecuencia de mayores importaciones, cuestiona que ese beneficio necesariamente llegue de manera proporcional y permanente a las familias.
PIDEN NEGOCIACIÓN Y PLAN NACIONAL
Ante el escenario planteado, Hernández propone que el Gobierno convoque una mesa nacional del arroz, con participación de productores, autoridades, profesionales agropecuarios, factorías, universidades, centros de investigación y entidades financieras.
También plantea realizar un estudio independiente sobre el impacto económico y social de una apertura mayor del mercado y negociar con Estados Unidos un período de transición acompañado de medidas de protección y salvaguardias.
La ANPA propone además la creación de un Programa Nacional de competitividad Arrocera, dirigido a reducir costos, modernizar los sistemas de riego, elevar la productividad, fortalecer la investigación y garantizar financiamiento y seguro agropecuario.
Hernández aclara que su posición no es contraria al comercio ni al cumplimiento de los acuerdos internacionales, sino que busca evitar que los productores dominicanos asuman solos el costo de una apertura para la cual, según sostiene, el país no se preparó adecuadamente.
“No podemos corregir veinte años de falta de preparación condenando ahora al productor dominicano”, afirmó el presidente de la ANPA.
El planteamiento abre nuevamente el debate sobre cómo equilibrar los compromisos comerciales internacionales con la protección de la producción nacional y la seguridad alimentaria de la República Dominicana.
