SANTO DOMINGO.-El movimiento Bien Común presentó siete propuestas de medidas económicas complementarias para garantizar y fortalecer los ingresos de la clase media y la población empobrecida durante la crisis, comenzando con la congelación de préstamos y cuotas de financiamiento por tres meses; la aprobación de una Renta Básica Transitoria de RD$14,829; un plan de Blindaje de los Empleos; y la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrialzados (ITBIS) a los productos básicos.
En un documento en el que identifica las fuentes presupuestarias y fiscales específicas para cada propuesta, Bien Común también plantea: una fiscalización estricta de la política de control de precios, para evitar que en los colmados, mercados y supermercados se especule con los precios de los alimentos básicos; suspender el Plan Nacional de Asfaltado con fines de tener más recursos para la salud; y mantener intactos los fondos del pago vacacional de los trabajadores y trabajadoras, asignando compensaciones tributarias o subsidios a las empresas más pequeñas que no puedan asumir el costo.
Ante la actual parálisis de la actividad productiva del país, fruto del Estado de Emergencia fundamentado en la expansión del COVID-19 en República Dominicana, Bien Común entiende que el conjunto de medidas fiscales y monetarias adoptadas hasta el momento son insuficientes.
Por tal razón propone que la Renta Básica Transitoria sea de por lo menos RD$ 14,820 por un período de tres meses, equivalentes a gasto computable del quintil 1 de hogares de menores ingresos.
Esta medida beneficiaría a 1.6 millones de personas, y se financiaría a partir del artículo 15 de Ley 506-19 de Presupuesto General del Estado 2020, el cual faculta al Poder Ejecutivo adicionar el 0.5% del PIB nominal al 1% de los ingresos corrientes estimados del Gobierno Central destinado a cubrir los imprevistos por calamidad y/o emergencia pública.
Para blindar o proteger los empleos, el colectivo entiende que las facilidades tributarias y monetarias otorgadas a las empresas (suspensión del anticipo, impuesto sobre la renta, financiamientos blandos deben requerir una contrapartida de mantenimiento de los puestos de trabajo en los sectores productivos beneficiarios de las mismas. “Que el Estado proteja a los empresarios que protejan a los empleados”, es la visión del movimiento.
Bien Común considera que el control de precios de los productos de la canasta básica familiar debe incluir la supervisión presencial en establecimientos comerciales detallistas y minoristas, supermercados, colmados, farmacias, además de un informe semanal por parte del Ministerio de Industria y Comercio.
En ese sentido, solicitan sancionar a los establecimientos que incurran en prácticas abusivas de incremento de precios en los 364 artículos de la canasta de bienes y servicios, entre otras medidas.
