Santo Domingo. – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) solicitó al presidente Luis Abinader que no someta al Congreso Nacional el anteproyecto de ley que propone la fusión del Ministerio de Educación (MINERD) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). La petición fue acompañada de una propuesta para abrir un espacio de diálogo nacional con los distintos sectores de la sociedad, en especial aquellos vinculados a la educación.
Mediante una nota de prensa enviada a esta redacción, el gremio magisterial reiteró su rechazo a la iniciativa, al considerar que su objetivo principal es reducir la inversión pública en educación, en un momento en que el sistema requiere mayor financiamiento y una mejor calidad del gasto.
El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, advirtió que detrás de este proyecto se esconden fines privatizadores, que se manifiestan en la propuesta de establecer alianzas público-privadas, fideicomisos y mecanismos de tercerización en la gestión educativa.
“La propuesta de fusión MINERD-MESCyT es un invento sin base en ningún estudio o diagnóstico que demuestre su necesidad o viabilidad”, afirmó Hidalgo.
Agregó que, de concretarse, el proyecto causaría daños severos a los procesos que actualmente desarrollan ambas instituciones, haciendo aún más compleja la implementación de acciones de recuperación y mejora en el sistema educativo.
Hidalgo recordó que en enero pasado, durante el Encuentro Ciudadano por la Educación Pública celebrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), académicos, expertos y representantes de diversas organizaciones concluyeron que la propuesta de fusión carece de fundamentos técnicos, análisis de factibilidad y garantías de beneficios reales para el sistema educativo nacional.
¿Por qué rechazamos esta propuesta?
La ADP expuso los siguientes puntos como base de su rechazo:
- Obsolescencia de las leyes actuales: El anteproyecto no demuestra con evidencia que las leyes vigentes hayan perdido vigencia o funcionalidad al punto de justificar una fusión ministerial.
- Ausencia de estudios técnicos: No está respaldado por investigaciones ni análisis de factibilidad que validen su alineación con los principios de racionalidad, eficiencia, economía y eficacia establecidos por la Ley 247-12 sobre la Administración Pública.
- Impacto en la calidad educativa: El proyecto no presenta mecanismos claros para elevar la calidad educativa ni para garantizar una educación superior integral y bien financiada.
- Falta de planificación adecuada: Carece de criterios, dispositivos o mecanismos que aseguren la reducción de duplicidades, una mejor gestión presupuestaria o el fortalecimiento del derecho a la educación.
- Riesgo de privatización: La propuesta forma parte de una estrategia orientada a la mercantilización y privatización del sistema educativo, bajo una lógica neoliberal contraria al principio de educación como derecho fundamental.
Nuestra posición
Durante el encuentro nacional por la defensa de la educación pública, las organizaciones participantes, divididas en cuatro grupos de trabajo y respaldadas por académicos y expertos, acordaron lo siguiente:
- Exigir la inmediata retirada del anteproyecto de ley.
- Promover un proceso nacional de análisis, debate y reflexión sobre el estado del sistema educativo.
- Convocar un debate nacional inclusivo y transparente, con la participación de todos los actores sociales y educativos.
- Defender el fortalecimiento del MINERD y el MESCyT como instituciones autónomas, con roles bien definidos y recursos adecuados.
- Alertar a la ciudadanía sobre el peligro de que se imponga una visión privatizadora que niegue el derecho constitucional a una educación pública, crítica, inclusiva y de calidad.
“La educación no es negociable. Su futuro debe estar en manos de políticas responsables y bien fundamentadas”, enfatizó la ADP en su comunicado.
Finalmente, el gremio aseguró que se mantendrá vigilante y firme en la defensa de una educación pública y superior digna, abierta y con calidad para todos.
