El senador de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, propuso modificar un proyecto de ley que cursa en el Senado para que en lo adelante cualquier funcionario que sirva al tráfico ilícito de migrantes sea impedido de por vida de ocupar cargos públicos.
El congresista que representa al Distrito Nacional en la Cámara Alta argumentó que quien se prevalece de una posición que le ha confiado el pueblo para atentar contra la soberanía no puede ser premiado con el servicio público.
El proyecto que envió el Poder Ejecutivo plantea la sanción de cinco años de suspensión ante la primera comisión de este delito, y de 10 años en caso de reincidencia.
La propuesta del senador plantea sancionar, además de prisión, con 10 años de inhabilitación en servicio público en la primera ocasión y nunca más en caso de reincidir.Fernández se mostró de acuerdo con que cualquier persona responsable de los delitos de trata y/o tráfico ilícito de migrantes pueda ser condenado hasta a 40 años de prisión.
