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miércoles, diciembre 18, 2024
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Participación Ciudadana cuestiona función fiscalizadora del Congreso

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SANTO DOMINGO. – El 2024 estuvo marcado por un frenazo en la lucha contra la corrupción en la República, caracterizado por la lentitud en la función fiscalizadora del Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas, afirmó hoy en su balance del 2024 el Movimiento Cívico Participación Ciudadana.

En su documento evaluativo la entidad señala que uno de los temas más preocupantes durante el año 2024 ha sido la lentitud en el conocimiento de los casos de corrupción pública por parte de los tribunales apoderados.

Señala que tanto las audiencias preliminares como los juicios de fondo se ven obstaculizados por estrategias claramente dilatorias, donde se aplazan las audiencias por enfermedades de imputados y abogados, por compromisos sociales, por viajes al extranjero, entre otras razones no justificables.

También cuestiona los órganos de control interno, como la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la Contraloría General de la República (CGRD) y sus unidades de auditoría interna o antifraude, las cuales a su entender disminuyeron considerablemente su actividad y publicaciones de informes de auditoría con relación al año 2023.

“En cuando a los órganos de control externo, cómo la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), o el Congreso Nacional, en su rol de fiscalización, no se han evidenciado avances significativos, más allá de acciones muy puntuales o circunstanciales”, sostuvo.

Destacó que “en cuanto a la DIGEIG titular, Milagros Ortiz Bosch indicó que ha depositado más de 46 casos de corrupción administrativa de la actual gestión gubernamental, transfiriendo la responsabilidad al Ministerio de Administración Pública y/o la Procuraduría General de la República, como receptora de casos con indicios de responsabilidad penal, en la mayoría de los cuales no tenemos constancia de que exista investigación en atención de estas denuncias”

Aseguró que la Cámara de Cuentas, el organismo de control externo del Estado, luego de los escándalos del 2023, se muestra prácticamente inoperante.

En relación a la Cámara de Cuentas dice que: “ A la fecha de este balance no ha publicado una sola auditoría durante el año 2024, bprofundizando la merma en su desempeño respecto a años anteriores; limitándose a la entrega al Congreso Nacional del Informe del Análisis y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria y la Rendición de Cuentas Generales del Estado para el año fiscal 2023, en abril de 2024; la aprobación, mediante resolución núm. ADM-X-2024-001, del Reglamento de Aplicación General de la Ley 18-24, el cual entrará en vigencia el 1ro de enero de 2025”

Añadió que “a pesar de esta nueva plataforma, gran cantidad de funcionarios nombrados y electos incumplieron con los plazos de presentar sus declaraciones juradas sin que se produzcan las sanciones correspondientes”
Consideró reformista los cambios realizado la Carta Magna“ pues consolidó la intangibilidad de la fórmula pétrea para el cambio constitucional que se refiere a la reelección presidencial.

Y para evitar interpretaciones, se puso un transitorio: el presidente de 2024 al 2028 no podrá postularse jamás, un nuevo Artículo, el 278 que señala que ningún presidente podrá modificar la Constitución para beneficiarse de la misma”.

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