Los dos empleados del banco vaticano despedidos por casarse, debido a una nueva norma del organismo que prohíbe expresamente la contratación de dos cónyuges, han impugnado el despido, por lo que el caso finalmente se dirimirá en el tribunal de la Santa Sede.
El Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el banco vaticano, les notificó a ambos este lunes la «terminación inmediata de la relación laboral, invitándoles a abandonar sin demora su puesto de trabajo», informó hoy su abogada, Laura Sgrò, en un comunicado.
Los pareja se casó el pasado 31 de agosto y a pesar de los intentos de mediación de la Asociación de Empleados Laicos del Vaticano (ADLV), con más de 600 miembros, y de su petición de ayuda al papa Francisco, el IOR finalmente les ha despedido.
Según las nuevas normas del organismo, la terminación del contrato de trabajo se produce 30 días después de la celebración del matrimonio, a menos que uno de los dos cónyuges decida renunciar voluntariamente al empleo, una posibilidad que los recién casados no contemplaban.
El IOR, explica su abogada, también les ha instado a «devolver inmediatamente sus tarjetas de acceso al Estado de la Ciudad del Vaticano y a sus familiares si los hubiera, así como sus tarjetas de crédito y de débito vinculadas a sus respectivas cuentas corrientes».
Inmediatamente después de ser recibida, Sgrò impugnó la notificación de despido, «considerándolo nulo, ilegítimo y gravemente lesivo de los derechos fundamentales de las personas y de los trabajadores y, por tanto, carente de todo efecto».
A principios de año, cuando aún no había entrado en vigor la nueva normativa, como recordó este martes la abogada, la pareja comunicó su intención de casarse a la dirección del IOR, que tiempo después les advirtió de que en ese caso ya no cumplirían los requisitos para seguir siendo trabajadores del organismo.
Los novios, que han sido bautizados por los medios locales como los «Romeo y Julieta» del Vaticano, decidieron desafiar una norma que consideran injusta y anacrónica y casarse junto a un grupo reducido de familiares y amigos en la localidad de Fregene, en la costa romana.
Tras algunas informaciones publicadas estos días, la abogada quiso aclarar que sus defendidos «no son funcionarios, sino meros empleados sin ninguna función destacada o función decisoria», que «ninguno de ellos tiene acceso a información confidencial de clientes» y que «están ubicados en áreas separadas y no tienen interacción entre sí en el entorno laboral».
«Ninguno de los dos recibió propuestas del IOR para cambiar de sector (que habrían aceptado de buen grado) ni se les ha ofrecido traslado a otra institución vaticana. En cualquier caso, ambas soluciones habrían estado prohibidas por el nuevo Reglamento del IOR», añade Sgrò.
Tras los fallidos intentos de hallar una solución, los nuevos esposos solicitaron ayuda al papa en agosto pasado.
Y pidieron al pontífice «una dispensa de las normas dictadas por el nuevo Reglamento, que entró en vigor cuando los preparativos del matrimonio habían concluido y las publicaciones ya habían tenido lugar», pero «no recibieron respuesta alguna», explicó la abogada.
Los recién casados ya fueron suspendidos algunos días de empleo y sueldo por dar a conocer su historia por el IOR, que en una nota aseguró que su objetivo «es exclusivamente garantizar condiciones de igualdad de trato entre el personal».
