Más de ocho millones de dominicanos van a elecciones presidenciales el domingo en las que el presidente Luis Abinader llega como como candidato favorito para revalidar su mandato, tras una campaña protagonizada por el desafío migratorio en el país y la seguridad fronteriza con su vecino Haití.
Las encuestas mantienen como favorito a Abinader, quien llegó al poder en 2020 a través del Partido Revolucionario Moderno, y se enfrenta a dos candidatos opositores, el exalcalde de la segunda ciudad más importante del país, Abel Martínez, candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el tres veces presidente Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo.
Abinader, uno de los líderes más populares de la región, ha apuntalado su aceptación con controvertidas medidas para enfrentar el repunte de la migración de haitianos, ante el declive de la nación vecina por el impacto de la violencia y las pandillas acentuado desde el asesinato en 2021 del entonces presidente Jovenel Moïse.
Un tema que también han abordado los otros dos candidatos opositores con promesas para controlar el flujo migratorio y mantener las deportaciones.
El mandatario y candidato a la reelección inició durante su gestión la construcción de un muro fronterizo en febrero de 2022, en un planteamiento similar al del exmandatario Donald Trump en Estados Unidos, para impedir el cruce masivo de haitianos hacia República Dominicana en una frontera de cerca de 400 kilómetros.
Pero, además, se ha negado a levantar campos de refugiados para quienes huyen de la violencia e instabilidad en Haití y ha incrementado las deportaciones de migrantes indocumentados a más de 175.000 en el último año, según cifras del gobierno.
Esas medidas, no obstante, han cosechado también críticas desde organizaciones de derechos humanos por discriminatorias.
“Estas expulsiones colectivas son una clara violación de las obligaciones internacionales de la República Dominicana y, ponen en riesgo la vida y los derechos de estas personas. Los retornos forzados a Haití deben cesar”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en una carta abierta al presidente de República Dominicana.
